Por: Álvaro Cotes Córdoba-
La noche del domingo 22 de marzo de 2026, un sicario que se movilizaba en motocicleta llegó hasta una vivienda en el barrio Venezuela de Uribia y, sin mediar palabra, abrió fuego contra Katherin Paola Torres Barros, una psicóloga de 27 años que se encontraba en la terraza conversando con su madre.
La víctima estaba embarazada de ocho meses. Sobrevivió al ataque, y gracias a una cesárea de emergencia, su bebé —una niña llamada Salomé— nació con vida y se recupera en incubadora. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y ha generado conmoción en todo el departamento de La Guajira y el país.
Entre las varias hipótesis que manejan las autoridades, una cobra cada vez mayor fuerza: la posibilidad de que una mujer sea la autora intelectual del sicariato. Esta línea, que apunta a un posible feminicidio o crimen pasional, se fortalece al analizar eventos posteriores al atentado.
Días después del ataque, circuló en redes sociales un video de contenido íntimo (de carácter sexual explícito) en el que, según múltiples versiones, aparece la psicóloga. El material se publicó en las historias de la cuenta oficial de Instagram del alcalde de Manaure, Jhon Galvi Pimienta Jusayu.
El mandatario reaccionó con rapidez y afirmó que su cuenta había sido hackeada, además, publicó un mensaje en el que pedía disculpas por las “redes hackeadas” y, a través de un comunicado oficial de la Alcaldía de Manaure, denunció un “acceso no autorizado” que permitió la difusión de contenidos “inapropiados y obscenos” ajenos a su voluntad.
La administración anunció que se adelantan acciones legales para esclarecer el hecho y recuperar el control de las cuentas. Sin embargo, esta explicación genera más interrogantes que respuestas, y es precisamente ahí donde la investigación debe profundizar:
Primero: ¿Existió realmente un hackeo? Plataformas como Meta (Facebook e Instagram) conservan registros detallados de accesos, direcciones IP, dispositivos utilizados y horarios. Si las autoridades judiciales solicitan estos logs técnicos, podrán determinar si se trató de un ataque externo o de un uso desde un dispositivo vinculado al entorno del alcalde. Hasta el momento no hay confirmación pública de que Meta haya validado la versión del hackeo.
Segundo: Si no fue un hackeo externo, cabe la posibilidad de que una persona con acceso físico al teléfono o a las credenciales del alcalde —un familiar, pareja, colaborador de confianza o alguien de su entorno íntimo— haya realizado la publicación. Esta hipótesis adquiere especial relevancia porque conecta directamente con la versión de que una mujer estaría detrás del atentado sicarial.
Tercero: La difusión del video íntimo poco después del ataque sugiere un componente de celos, venganza o humillación pública. Versiones extraoficiales que circulan en la región mencionan posibles tensiones sentimentales y amenazas previas de “boleteo” (exposición en redes). El esposo de la víctima, Eli Meriño, ha declarado públicamente que no conocían amenazas concretas ni conflictos evidentes, lo que refuerza la idea de un móvil oculto de carácter personal más que profesional o delincuencial común.
Las autoridades de la Policía y la Fiscalía de La Guajira han confirmado que avanzan en varias líneas de investigación, entre ellas la que señala a una mujer como posible instigadora. El video del atentado, el material íntimo difundido y la supuesta vulneración de la cuenta del alcalde conforman un triángulo que los investigadores deben conectar con evidencia forense y técnica.
Preguntas que aún exigen respuesta clara: ¿Quién tuvo acceso real a las cuentas del alcalde de Manaure en las horas previas y posteriores a la publicación del video?
¿El contenido íntimo corresponde efectivamente a la víctima y quién tenía interés en hacerlo público precisamente en ese momento?
¿La presunta autora intelectual pertenece al círculo cercano del alcalde o mantiene vínculos que expliquen tanto la filtración como el sicariato?
Mientras Katherin Paola Torres Barros continúa su recuperación (ha salido de la UCI según reportes recientes) y su bebé Salomé permanece bajo observación médica, la sociedad guajira exige celeridad, transparencia y resultados. Un atentado de esta naturaleza no solo amenaza dos vidas inocentes, sino que erosiona la confianza en las instituciones locales.
Este caso pone de manifiesto cómo, en regiones como La Guajira, los crímenes pasionales pueden disfrazarse de sicariato común y cómo las redes sociales se convierten en un arma de doble filo: herramienta para la investigación, pero también escenario de filtraciones, manipulaciones y revictimización.
Las autoridades disponen de herramientas técnicas (registros de Meta, geolocalización de dispositivos, análisis de llamadas y contactos) para determinar si el supuesto “hackeo” fue real o una coartada. De esa respuesta podría depender el esclarecimiento de la autoría intelectual de uno de los hechos más impactantes registrados recientemente en el departamento.
La investigación sigue su curso. Cualquier información relevante debe ser puesta en conocimiento de las autoridades para que prevalezca la verdad sobre la impunidad.