La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) declaró cinco áreas de protección de bosque seco tropical y está en aras de nombrar seis más. Esto en pro de la conservación del medio ambiente tanto la flora como la fauna, según reseñó El Heraldo.
Las reservas son: La Forestal El Palomar (772 ha), en Piojó; Parque Natural Regional Los Rosales (1.304 ha), en Luruaco; Distrito Regional de Manejo Integrado Luriza (873 ha), en Usiacurí; Distrito de Manejo Integrado de Palmar del Tití (2.913,9 ha), entre Piojó y Luruaco; Distrito Regional de Manejo Integrado Bijibana (1.528,9 ha), en Repelón.
“Cada una de las cinco áreas protegidas cuentan con su respectivo Plan de Manejo Ambiental (PMA), que garantiza un adecuado manejo y administración de los recursos naturales, bajo una figura de protección, que buscan aumentar la conectividad del bosque seco tropical y por consiguiente asegurar la viabilidad de los servicios ecosistémicos brindados por el bosque”, dijo Jesús León Insignares, director de la Corporación.
Las áreas próximas a incluir dentro de esa lista de protección son: Loma de Pajuancho y Loma de Tierra Arena, en Juan de Acosta; el Triángulo de la Reserva y Guabaná, en Tubará; Loma La Risota, en Baranoa y Cerro La Vieja, en Piojó.
Según Joe García, biólogo adscrito a la CRA, para este año 2023 se tiene contemplado la declaración de dos áreas protegidas y la posible ampliación de una ya declarada. Sostuvo que estos procesos tardan en promedio dos años y por ello se viene avanzando con anterioridad en los proyectos de conservación.
“Para este año se pretende declarar como área protegida Cerro La Vieja, en Piojó, y Triángulo de la Reserva, en Tubará. Asimismo, se busca la ampliación del Distrito de Manejo Integrado de Luriza para que permita una conexión ecológica con el área protegida El Palomar”, dijo.
Señaló que haber declarado estas zonas ha dado resultados positivos y amerita que se haga la ampliación.
“Tenemos reportes de avistamiento en Luriza del mono tití cabeciblanco, especie que teníamos centralizada únicamente en la zona de Los Rosales, en Luruaco, y la única explicación que tenemos es que ya hay un proceso efectivo de conectividad entre ambos territorios”, precisó García.
Destacó, además, que declarar áreas protegidas no es la única estrategia de conservación que existe sino que también se encuentran los procesos de reforestación y restauración, que al final servirán al mismo propósito de crear y garantizar una conectividad dentro de estas zonas de bosques que se han identificado.
De igual manera sostuvo que los municipios pueden implementar otras acciones como declarar suelos de protección o un sitio AICA de conservación de aves, dado el caso de que las zonas no cumplan las condiciones para ser áreas protegidas bajo el Decreto 2372 del 2010.
De acuerdo con Joe García, biólogo de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), los pasos que establece la norma para declarar un área protegida se deben adelantar con los dueños de los predios o con el municipio en donde están ubicadas estas zonas de estrategia ecológica.
Indicó que existen tres fases y como primero está la preparación que es en donde se hace una valoración de las iniciativas, el listado de información de la zona y se realiza una estrategia de comunicación en la que se informa al ente territorial o los dueños de predios que hay un interés de declarar esa zona como un área protegida.
Posteriormente se hace una identificación exhaustiva de cuáles son cada uno de los actores que harán parte del proceso de planificación del área. Luego se procede a la fase dos, que consiste en levantar toda la información de análisis técnico de la propiedad, el estado jurídico de la misma y se procede a delimitar y categorizar el área a declarar.
En la fase tres se hacen las sustentaciones de por qué se declara el área, las acciones a implementar como el Plan de Manejo y se plasma en un documento todo el soporte técnico de la información levantada en campo con los biólogos y los expertos. Para finalmente, hacer la suscripción del acto administrativo que lo determina y firma el Consejo Directivo de la CRA.
Para el ingeniero ambiental, Fausto Pineda, declarar áreas protegidas es de suma importancia para salvaguardar la biodiversidad biológica y los servicios ecosistémicos de un área determinada.
“Se convierten en zonas priorizadas para generar programas de investigación, conservación y preservación de especies biológicas y/o ecosistemas naturales”, explicó.
Sostuvo que si bien la autoridad ambiental en el departamento realiza “grandes esfuerzos” para salvaguardar el patrimonio natural, este requiere de un compromiso “real” de toda la sociedad.
Destacó las áreas próximas a declarar, sin embargo, puso de presente que se debe ser “mesurado” a la hora de determinar bajo qué categoría de área protegida se determinan.
De lo anterior –dijo– dependerá la forma con la que se deba preservar, conservar e intervenir. “Se deberá analizar la capacidad instalada de la autoridad ambiental para realizar control y vigilancia a las 5 antiguas y 6 nuevas áreas protegidas en el departamento, puesto muchas veces se percibe la falta de autoridad ambiental en las actuales zonas”.