Por: Miguel Macea Di Martino-
La restitución de tierras en Colombia siempre será una deuda moral y jurídica del Estado con miles de familias víctimas del despojo y la violencia. Negarlo sería desconocer décadas de guerra, persecución y desplazamiento forzado que marcaron la historia del país, especialmente en regiones como el sur del Cesar.
La Sentencia SU-235 de 2016 de la Corte Constitucional representa precisamente eso: un acto de reparación para decenas de campesinos que durante años reclamaron justicia tras ser expulsados violentamente de sus tierras en la antigua Hacienda Bellacruz. Hoy, varias de esas familias ven cómo, después de casi tres décadas, el Estado finalmente reconoce sus derechos y busca devolverles parte de lo que perdieron.
Pero en medio de esa reparación legítima aparece una pregunta incómoda que pocos quieren responder: ¿qué pasará con las más de 1.200 familias que dependen laboralmente de Hacienda y Extractora La Gloria?
Ese es el verdadero dilema social que hoy enfrenta el país.
Porque mientras un fallo busca corregir una injusticia histórica, también amenaza con abrir una nueva crisis económica en una región donde el empleo formal no abunda y donde la pobreza y elabandono sigue siendo una realidad cotidiana.
Durante años, municipios del sur del Cesar aprendieron a sobrevivir entre el abandono estatal, la violencia y la falta de oportunidades. En muchas zonas rurales, el desarrollo nunca llegó de la mano del Estado, sino de proyectos privados que, con todas sus contradicciones, terminaron convirtiéndose en motores económicos para miles de familias.
La Gloria no solo generó empleo. También impulsó programas sociales, vivienda, alfabetización, brigadas de salud y proyectos productivos en comunidades históricamente olvidadas. En territorios golpeados por la guerra, cualquier inversión que construya tejido social termina teniendo un impacto profundo.
Y ahí es donde el debate se vuelve mucho más complejo de lo que algunos sectores quieren mostrar.
Porque no se trata de elegir entre víctimas y trabajadores. No se trata de desconocer el sufrimiento de las familias reclamantes ni de minimizar el derecho a la restitución. Pero tampoco puede ignorarse el efecto económico y social que tendría una eventual afectación de un proyecto que hoy sostiene el sustento de más de mil hogares.
El problema de fondo vuelve a ser el mismo de siempre: la ausencia del Estado. Durante décadas, el Gobierno fue incapaz de garantizar seguridad, desarrollo y oportunidades en estas regiones. Y mientras el Estado llegaba tarde o simplemente no llegaba, fueron empresas privadas las que terminaron ocupando ese vacío institucional.
Hoy, el Gobierno del presidente Gustavo Petro dio un paso importante al entregar tierras a familias víctimas del despojo en el sur del Cesar, otorgándoles la finca Dinamarca, en Maní, Casanare, como medida de reparación. Sin embargo, la discusión no puede terminar ahí.
La verdadera responsabilidad del Estado debería ser garantizar que la reparación de unas víctimas no termine produciendo nuevas víctimas sociales a través del desempleo y la crisis económica regional.
Porque en Colombia la paz no se construye solamente devolviendo tierras. También se construye garantizando estabilidad, empleo y oportunidades para quienes durante años encontraron en el trabajo rural la única forma digna de sobrevivir.