Pablo Bustos, de la Red de Veeduría de Colombia, explicó la solicitud de entrada de López a la JEP.
Los cerca de 160 procesos contra Enilce López Romero, conocida como ‘La Gata’, y toda su familia por nexos con grupos paramilitares y que hoy la tienen pagando casa por cárcel, serían aclarados por la misma empresaria del chance si logra un cupo a la Jurisdicción Especial para la Paz.
En entrevista con El Universal, el abogado Pablo Bustos Sánchez, de la Red de Veeduría de Colombia, explicó que por tratarse de la empresaria, la JEP podría tardar un poco menos de los 90 días reglamentados en aceptarla, pues es un caso importante. Este lunes los abogados radicaron los documentos en Bogotá, ante las oficinas de la JEP, a poco más de 15 días de cerrarse el plazo.
“Se trata de conocer la verdad desde la misma protagonista o coprotagonista de este conflicto armado, pues de otra manera estaría incompleta, en ese sentido falsa. La justicia termina siendo injusta porque no sabe lo que ocurrió en el quehacer político en dos décadas de la Costa Caribe, en no menos de cuatro departamentos, donde cientos de políticos fundaron su aspiración en su respaldo económico”, destacó Bustos Sánchez.
Resaltó que podría aportar información relacionada con los nexos de aspirantes y políticos con la insurgencia, tratando de dar ‘un legado’ tanto a sus hijos como al país frente a lo ocurrido, que hasta ahora habrían obedecido a meros cuestionamientos individuales por parte de la justicia ordinaria.
Dentro del documento de solicitud para entrar a la JEP, López aseguró que reparará a las víctimas.
“De los cerca de 160 procesos que se adelantan contra ella y su grupo empresarial, se tienen incautados bienes en los procesos de lavado de activos por cerca de 1,5 billones de pesos, los cuales sirven de prenda de garantía para el resarcimiento de las víctimas directas”, precisó el integrante de la Red de Veeduría.
Según el abogado, es la última esperanza que López Romero tiene para escoger su juez y, una vez agotadas las instancias legales, nacionales e internacionales, sin una respuesta, mostrar al país tal como ocurrieron los hechos y “desenmascarar” sentencias en su contra.
“Esa falta de garantías esperan encontrarla en este escenario. Algunas sentencias fueron montajes e instrumentadas para acabar con su fortuna y poder político dirigido a todo el enclave familiar, para sacarlos de la política y que otros entraran a ejercer el control y quedarse con recursos”, precisó Bustos Sánchez. Recordemos que junto a la empresaria también se presentaron sus tres hijos para someterse a esta justicia. A estos también, al parecer, les abrieron procesos de manera irregular con testigos “cuestionados”.
“Las sentencias no resisten un análisis jurídico”, puntualizó el abogado. Fuente Consultada: El Universal