Una jueza de Barranquilla impuso medida de aseguramiento en detención domiciliaria contra Luis Mariano Díaz González, hijo del fallecido cantante vallenato Diomedes Díaz, y otras cinco personas procesadas por los delitos de secuestro simple y tortura, en un proceso relacionado con una presunta red de préstamos informales conocida como “gota a gota”.
La decisión fue adoptada durante una audiencia celebrada el miércoles, en la que la jueza Shiela Tatiana Ortega acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó que los seis procesados permanezcan privados de la libertad en sus lugares de residencia, bajo vigilancia electrónica del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
La medida se produce luego de que los implicados suscribieran un preacuerdo con la Fiscalía, mediante el cual aceptaron su responsabilidad en los hechos a cambio de una pena de cinco años y diez meses de prisión (70 meses). Dicho acuerdo aún deberá ser revisado y aprobado por un juez de conocimiento para que tenga validez definitiva. Según la investigación del ente acusador, Díaz González y los demás procesados habrían participado en la retención ilegal y las agresiones contra Carlos Alfredo Mejía, quien trabajaba como cobrador de la organización y era señalado de haber perdido entre 15 y 30 millones de pesos producto de la actividad de préstamos.
De acuerdo con la Fiscalía, la víctima fue sacada por la fuerza de su residencia y trasladada hasta un inmueble ubicado en el barrio La Granja, en el municipio de Soledad (Atlántico), donde habría permanecido retenida mientras sus captores exigían a sus familiares el pago de 15 millones de pesos para dejarla en libertad.
Durante el cautiverio, Mejía habría sido sometido a múltiples agresiones físicas con tablas, tubos, armas de fuego y otros objetos contundentes. Junto con Luis Mariano Díaz González también son procesados Keiner Enrique Rocha Gamero, Dairo Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez, Stiven Rafael Bolaños De la Hoz y Alexis Rafael Jiménez Urina. El proceso continuará ahora ante un juez de conocimiento, quien decidirá si aprueba o no el preacuerdo suscrito entre las partes.