Por: Nerio Luis Mejía.- Líder defensor de derechos humano, columnista y escritor
La situación de orden público que se padece en la región del Catatumbo, bajo el fuego cruzado entre el ELN y las disidencias de las FARC, parece no tener un final cercano. Esta guerra ha desbordado los límites de la barbarie: ataques indiscriminados con drones cargados de explosivos sobre bienes civiles y campos minados que mutilan a inocentes son el pan de cada día. Sin embargo, en medio de este panorama hostil, existe una violencia silenciosa y dirigida que permanece en la sombra: las amenazas y el destierro sistemático en contra de la población diversa.
Aunque los ataques dirigidos a la población LGBTIQ+ apenas se visibilizan en los grandes titulares, su impacto es devastador. Recientemente, conocí de cerca el caso de cuatro personas pertenecientes a esta comunidad que, tras recibir amenazas directas y perentorias por parte de un actor armado no estatal, se vieron obligadas a abandonar sus hogares de origen en busca de protección. Esta dinámica no es un hecho aislado; es una muestra fehaciente de que en el Catatumbo los grupos armados imponen un «control moral» a través del terror, donde la identidad de género y la orientación sexual se convierten en el blanco de órdenes de expulsión.
Quienes huyen dejando atrás su arraigo y su patrimonio difícilmente logran recuperarse del trauma psicológico de la guerra. No obstante, es imperativo precisar que algunas víctimas sufren un agravamiento de su vulnerabilidad debido al estigma social que, con frecuencia, las revictimiza y las señala de forma prejuiciosa. Es allí donde la intervención de la institucionalidad debería marcar la diferencia a través de un acompañamiento integral y diferencial. Desafortunadamente, la respuesta estatal actual adolece de una alarmante indolencia burocrática.
Es inaceptable que la atención a las emergencias humanitarias del conflicto se maneje bajo criterios estrictamente funcionales u oficinistas. Diversas víctimas denuncian que, para activar las rutas de protección, las solicitudes quedan sujetas a que las quejas sean recepcionadas en «horarios hábiles de trabajo», dejando en el limbo los fines de semana y días festivos. Mientras el sufrimiento de quien huye por su vida corre los siete días de la semana y las veinticuatro horas del día, para ciertos funcionarios del Estado las víctimas deben caminar al lento ritmo de sus jornadas de oficina. El dolor no espera el lunes por la mañana.
Al respecto, sintomático es el testimonio de una lideresa social y defensora de derechos humanos de la región, quien intentaba orientar desesperadamente al grupo de personas LGBTIQ+ amenazadas. Su frustración refleja una constante: los esfuerzos comunitarios chocan contra el muro de la limitación institucional. Reubicar a las víctimas en albergues temporales o centros de acogida no es sinónimo de solución ni de atención digna. Se requiere un acompañamiento psicosocial, legal y humanitario integral, liderado por profesionales idóneos, humanistas y verdaderamente comprometidos con el dolor ajeno. No podemos seguir tolerando instituciones que operan bajo un libreto cuadriculado, diseñado más para inflar estadísticas en un censo de atenciones que para salvar vidas reales.
Es urgente que el Estado y los organismos de control presten una mirada diferencial e inmediata a las víctimas de la población diversa que hoy padecen la violencia en el Catatumbo. Sus vidas no pueden seguir sin rumbo en medio de la negligencia institucional con la que se aborda la crisis. Al mismo tiempo, documentar minuciosamente cada uno de estos casos es un deber ético; solo a través del registro detallado de estas violencias diferenciadas podremos construir una memoria colectiva justa, digna y completa, que refleje a la totalidad de las víctimas que este desgarrador conflicto ha dejado a su paso.