La representación de La Guajira en el Congreso enfrenta uno de sus momentos más críticos. Mientras se acerca un nuevo periodo legislativo, tres de las figuras políticas más visibles del departamento están rodeadas de investigaciones, cuestionamientos e incertidumbre, un panorama que podría afectar el peso político de la región en el Capitolio.
El representante a la Cámara Juan Loreto Gómez se encuentra en el centro de la controversia por haber entregado reconocimientos a la empresa Aqualia, decisión que provocó fuertes críticas de distintos sectores debido a las reiteradas quejas por el deficiente servicio de agua potable que reciben miles de familias guajiras. A ello se suman los procesos judiciales que cursan en su contra y que mantienen en vilo su futuro político.
La situación no es distinta para la senadora Martha Peralta. La congresista del Pacto Histórico es investigada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dentro del escándalo de corrupción de la UNGRD, por presuntas irregularidades en contratos relacionados con Riohacha. Aunque ha rechazado todas las acusaciones y asegura ser inocente, el proceso judicial sigue avanzando.
El tercer caso es el del representante electo Jorge Armando Figueroa, quien aún no tiene asegurada su llegada a la Cámara. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación para determinar si estaba inhabilitado para aspirar al cargo, una situación que podría impedirle posesionarse el próximo 20 de julio si las autoridades encuentran mérito en la investigación.
Con este panorama, La Guajira llega al inicio de la nueva legislatura con tres de sus principales dirigentes bajo la lupa de las autoridades. Mientras avanzan las investigaciones, crece la preocupación por el impacto que esta situación podría tener en la representación política del departamento y en la defensa de sus intereses ante el Congreso de la República.