Por: Luis Emil Sanabria Durán –
Colombia no podrá avanzar hacia una paz estable mientras continúe atrapada entre la violencia armada, las economías ilegales, la corrupción y el abandono histórico de amplios territorios. La construcción de paz exige mucho más que respuestas militares. Requiere legitimidad institucional, cumplimiento de compromisos, participación comunitaria y una estrategia nacional capaz de unir voluntades alrededor de la vida, la democracia y la justicia social.
La seguridad sigue siendo una necesidad urgente para millones de colombianos. En numerosas regiones y ciudades, comunidades enteras viven bajo amenazas, secuestros, extorsiones, confinamientos y disputas territoriales sostenidas por organizaciones armadas y redes criminales alimentadas por el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas, la trata de personas y el lavado de activos. Allí donde esas economías ilegales dominan, también se deterioran la democracia, la convivencia y la confianza ciudadana en el Estado.
Sin embargo, reducir la crisis nacional únicamente a un problema de orden público sería un grave error. La violencia también surge de la desigualdad, la exclusión, la corrupción y la falta de oportunidades. Por eso Colombia precisa una paz territorial urbana y rural que reconozca las particularidades de cada región y priorice programas, inversiones y recursos hacia los territorios históricamente más golpeados por la pobreza y la violencia armada. La seguridad debe entenderse desde la protección de la vida, los derechos humanos y la dignidad de las comunidades.
Para avanzar hacia la paz hay que escuchar mucho más a las comunidades. Los territorios no pueden seguir siendo simples escenarios de intervención centralista. Deben convertirse en protagonistas de las decisiones que afectan su presente y su futuro. Las organizaciones sociales, comunitarias y constructoras de paz han sostenido enormes esfuerzos de reconciliación en medio de la guerra. Recuperar la confianza de esos liderazgos sociales es una condición esencial para fortalecer la legitimidad democrática.
También resulta indispensable reconocer el papel de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos en la protección de los territorios y de los saberes ancestrales. El Estado y el gobierno deben revisar profundamente la manera como dialogan con las comunidades y con las economías locales. Resulta imposible construir legitimidad cuando muchas decisiones siguen tomándose desde visiones alejadas de la realidad territorial y cultural del país. Si el Estado y sus funcionarios quieren recuperar respeto y confianza, debe aprender a escuchar con humildad y actuar con pertinencia social y territorial.
En muchas regiones, los grupos armados organizados han ocupado espacios dejados por la debilidad institucional. Por eso el Estado no puede limitarse únicamente a la confrontación armada. Tiene que ganarle legitimidad a esas estructuras mediante creatividad, honestidad, compromiso y ejecuciones reales que transformen la vida cotidiana de la población. La gente necesita ver resultados concretos, escuelas funcionando, vías transitables, hospitales dignos, protección para líderes sociales, acceso a la tierra, al crédito y proyectos productivos sostenibles. Allí donde el Estado solo aparece en momentos de crisis, las organizaciones criminales continúan fortaleciendo su influencia.
La paz también exige acciones permanentes de carácter humanitario. Se necesita fortalecer acuerdos locales en materia de Derecho Internacional Humanitario, impulsar compromisos verificables entre actores armados y garantizar corredores humanitarios para las comunidades afectadas por desplazamientos, confinamientos y confrontaciones. La protección de la población civil debe convertirse en el centro de cualquier política de seguridad y paz.
Igualmente urgente resulta recuperar plenamente la obligación del Estado de reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado. La reparación debe incluir verdad, justicia, restitución, rehabilitación y garantías reales de no repetición. Del mismo modo, el país debe cumplir y fortalecer los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, coordinando la acción gubernamental para transformar las regiones históricamente afectadas por la guerra y por los cultivos de coca para uso ilícito. La solución no puede depender exclusivamente de la erradicación forzada. Se requiere una estrategia integral basada en infraestructura, educación, salud, acceso a mercados y fortalecimiento de economías legales sostenibles.
También resulta fundamental recuperar la confianza en los pactos regionales y territoriales construidos con las comunidades durante décadas. Colombia requiere cumplir los acuerdos firmados con las gentes en los territorios, fortalecer los pactos existentes y avanzar hacia nuevos acuerdos regionales que permitan coordinar esfuerzos entre Estado, comunidades y sectores productivos alrededor de objetivos comunes de paz y transformación social. El incumplimiento reiterado ha profundizado la frustración ciudadana y debilitado la legitimidad institucional en numerosas regiones del país.
La paz territorial exige además promover una verdadera planificación participativa del territorio. Las comunidades deben tener capacidad real de incidir en las decisiones relacionadas con el uso del suelo, la inversión pública, la protección ambiental, la producción agropecuaria, la infraestructura y el desarrollo económico regional. El futuro de los territorios no puede seguir definiéndose exclusivamente desde intereses electorales o económicos desconectados de las realidades locales.
Nada de esto será posible mientras la corrupción continúe destruyendo la confianza ciudadana y saqueando los recursos públicos. La corrupción termina matando más gente que la propia violencia armada, porque condena territorios enteros al abandono, destruye hospitales, desvía recursos públicos y profundiza la pobreza. Por eso Colombia demanda fortalecer la justicia y endurecer drásticamente las penas contra los corruptos, sin privilegios, beneficios excesivos ni casa por cárcel para quienes destruyen el patrimonio colectivo y debilitan la democracia.
La sociedad colombiana debe trabajar por un gran acuerdo nacional que permita unir esfuerzos alrededor de la paz negociada, la seguridad humana, la democracia, el Estado Social de Derecho y la productividad con justicia social. La paz debe convertirse en una política nacional sostenida, capaz de garantizar derechos, oportunidades y estabilidad para toda la población. Porque sin paz no habrá democracia sólida, ni desarrollo sostenible, ni futuro posible para Colombia.