El recordado hacker Andrés Sepúlveda, quien fue sentenciado a 10 años de prisión, ha buscado de manera insistente la amnistía a través de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Pero el Ministerio público asegura mediante conceptos que el personaje cometió delitos de espionaje al proceso de paz, concierto para delinquir y otros delitos informáticos que no tienen injerencia en el contexto del conflicto armado, y por lo tanto no ingresan por la puerta de la justicia transicional.
Mediante el Ministerio Público, las acciones de Sepúlveda «no constituyen una contribución al esfuerzo de guerra de alguno de los actores del conflicto». Cabe recordar que el hacker fue el encargado del escándalo en el recordado contexto de las elecciones presidencial en el año 2014, siendo descubierto por el espionaje a los negociadores de paz en La Habana, junto con los miembros de las Farc.
Es por ello, que la defensa de Sepúlveda argumentó que sus acciones de alguna manera estuvieron relacionadas con la política, debido a que su búsqueda de información que pretendía recaudar de los organismos del Estado tenía como destinatario al partido Centro Democrático, para realizar las debidas estrategias para las elecciones, y esto, se comunicó a la JEP.
La Procuraduría, por su parte, negó la solicitud de Sepúlveda ya que la justicia ordinaria le había negado los beneficios de la JEP, y por esto, la decisión no puede ser nuevamente modificada.
Explicado en un comunicado, «Las solicitudes de beneficios resueltas por la justicia ordinaria antes del 15 de enero de 2018, fecha en que empezó a funcionar la JEP, son cosa juzgada y no pueden ser modificadas en un nuevo proceso». Inicialmente, se le había negado el ingreso a la JEP, pero Sepúlveda de manera reiterada, volvió a solicitar el ingreso, argumentando que aportaría toda la verdad del caso, pero a la solicitud, se opone rotundamente el Ministerio Público.
La Procuraduría aseguró que «La Jurisdicción Especial para la Paz no puede convertirse en otra instancia contenciosa para revivir los debates probatorios o jurídicos que los procesados ya perdieron en la jurisdicción ordinaria, o para buscar la suspensión de los procesos, cuando los hechos no tienen ninguna relación con el conflicto y por lo tanto no son de competencia de la JEP».
Finalmente, se espera la decisión que toma la JEP respecto al caso del hacker Sepúlveda, teniendo en cuenta, por supuesto, el concepto emitido por la Procuraduría. Fuente de consulta, El Espectador.