Alrededor de 240.000 niños, niñas, jóvenes y adolescentes, estudiantes de colegios públicos no están recibiendo el servicio de alimentación escolar en lo corrido del Calendario Académico de la vigencia 2023, identificó la Contraloría General de la República en el marco del especial seguimiento al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en todo el país, que realiza a través de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y en articulación con el Ministerio de Educación Nacional y su Unidad «Alimentos Para Aprender» (UApA).
Durante las visitas realizadas por los equipos de la CGR, junto a las comunidades académicas, se verificó que 2 ETC (Yopal y Buenaventura) luego de 3 meses de calendario escolar no han iniciado con la entrega de alimentación escolar afectando a 60.648 niños, teniendo recursos asignados por más de $ 18.000 millones según Resolución No. 359 diciembre 7 de 2022.
En el caso de la ETC Buenaventura, durante una visita realizada por parte del equipo de seguimiento de la CGR al PAE se encontró que alrededor de 45.000 estudiantes mayoritariamente afrocolombianos (70%) de esta Entidad Territorial Certificada (ETC) siguen sin recibir la primera ración en lo que va del año.
Esta situación también afecta a la población indígena de dicho territorio, ya que son más de 900 estudiantes que aún no reciben alimentación escolar. Preocupa el caso de la ETC Magdalena que inició atención con el contrato de la vigencia 2022 y suspendió operación desde el 21 de marzo, pese a tener asignados para la operación de este año $ 18.992.181.60. Vale recordar que
durante el período anterior reportó inicio para el PAE mayoritario sólo hasta el 3 de octubre, disponiendo de más de 32 mil millones de pesos. Actualmente son 138.621 mil niños del departamento los que se están viendo nuevamente se ven afectados. De acuerdo a la información suministrada por la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) se reporta inicio parcial en 5 ETC (Antioquia, Boyacá, Córdoba, La Guajira y Vaupés).
La Contraloría realizará especial seguimiento a 6 ETC (Chocó, Córdoba, Neiva, Girón, Sincelejo y Vichada), que tienen riesgo de suspensión durante este mes de abril debido a que los procesos contractuales próximamente culminaran y a la fecha no han adjudicado nuevo contrato que permita garantizar la continuidad del servicio.
“Desde la Contraloría General de la República, hemos venido realizando múltiples llamados de atención sobre los principios de planeación que se tienen que abordar en la contratación del PAE en el territorio nacional a aquellas Entidades Territoriales Certificadas que ejecutan el PAE, para que no se llegue a una suspensión y, por el contrario, con la debida planeación se garantice el
servicio durante todo calendario académico, desde el primer día, sin interrupción, como se determina en la Ley 2167 de 2021”, subrayó la Delegada de Participación Ciudadana.
En ese sentido, las entidades territoriales certificadas deberán adelantar la planeación con tiempo suficiente, así como los trámites administrativos, contractuales y presupuestales necesarios para lograr que el servicio de alimentación escolar se brinde desde el primer día y sin interrupción durante el calendario escolar y no se afecten a aproximadamente 218.233 estudiantes de 6 ETC durante este mes de abril, añadió.
Un caso particular se presenta en la Entidad Territorial Certificada de Medellín en la que, de acuerdo a la información reportada por la UApA, de los 220 mil estudiantes beneficiarios del PAE son registrados en SIMAT por esta ETC 56.956 que corresponden a la estrategia Vaso de Leche, que no es una modalidad del Programa de Alimentación EscolarPróximas actuaciones de la CGR
En el marco del Control Preventivo, desde la delegada para la participación ciudadana y su equipo de seguimiento, con el fin de continuar el proceso de seguimiento al Programa de Alimentación Escolar (PAE), se proyecta realizar visitas a las Entidades Territoriales Certificadas en el territorio nacional, y a instituciones educativas/sedes donde se ejecuta el programa, recolectando información a través de la aplicación de un cuestionario in situ y observación documental.
Y en cuanto a los recursos públicos con los que cuenta el programa, se realizará seguimiento a los criterios de planeación, priorización y focalización, para que se dé la correcta prestación del servicio y sean ejecutados de tal manera que, bajo los lineamientos establecidos, los complementos alimenticios lleguen a los niños, niñas y adolescentes que más lo necesitan. Se busca así brindar una radiografía sobre la ejecución de los recursos, la implementación de los lineamientos vigentes y la verificación del control social a la operación del PAE.
Una vez sean identificados estos incumplimientos podrán emitirse advertencias y alertas tempranas ante un posible riesgo de afectación o pérdida de los recursos públicos, que sirve de insumo al ejercicio del control fiscal. De igual manera se continuará con el trabajo articulado que se viene realizando con la Unidad «Alimentos Para Aprender» (UApA), el cual ha permitido no solo identificar las ETC con los mayores incumplimientos a los lineamientos del PAE, con fallas en la oportunidad, cobertura, calidad, logística, sino generar acciones en conjunto a fin de hallar soluciones a las deficiencias encontradas para que lleguen los alimentos correctamente a los estudiantes.