Este hallazgo se produce en desarrollo de la vigilancia especial decretada sobre la Universidad del Atlántico, tras encontrar posibles inconsistencias en la experiencia académica certificada por otro de los aspirantes y documentos contradictorios relacionados con su trayectoria docente y directiva.
Ante esta situación el ministerio de Educación trasladará a la Fiscalía General de la Nación el expediente, para que investigue la presunta comisión del delito de falsedad en documento público, conforme a las disposiciones del Código Penal colombiano, y notificar a la Procuraduría General de la Nación para que adelante las correspondientes investigaciones disciplinarias por las faltas cometidas en el ejercicio de funciones públicas.