Así lo declaró Naciones Unidas en las últimas horas, mediante la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle bachelet, en una presentación de informes, “Dos años después de la firma del acuerdo de paz, aliento al Gobierno a implementar la JEP de una manera integral”.
La insistencia de este organismo consiste en el pleno funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que trabaje conforme a lo establecido en los acuerdos de paz con las Farc, sabiendo que la Ley en mención, fue devuelta al congreso debido a las objeciones que el presidente Duque realizó, ya que para ellos existen varios artículos que no garantizan los principios de verdad, reparación y no repetición.
Bachelet, pidió una decisión rápida por parte del Estado para que la JEP pueda operar de manera independiente y para que las víctimas obtengan la seguridad que requieren. A su vez, menciono su preocupación respecto a algunos temas de la nueva política de seguridad en Colombia, sobre todo por el aumento en el uso de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública.
Asimismo, declaró haber recibido informes sobre 27 asesinatos de defensores de los derechos humanos en lo que va del presente año que corresponden a líderes indígenas y afrocolombianos.
“La mayoría de estos asesinatos ocurrieron en zonas rurales donde la influencia de las Farc era fuerte y la presencia del Estado sigue siendo débil, sobre todo en sanidad, educación y otros servicios fundamentales”. Estas declaraciones se hicieron respecto a que las personas asesinadas apoyaban continuamente los acuerdos de paz, la restitución de tierras, los derechos de las víctimas y los programas de sustitución de cultivos ilícitos. Fuente: Voces.co