El escándalo por el presunto desvío de los recursos destinados a la paz continúa proyectando sus efectos sobre la política regional. La Corte Suprema de Justicia mantiene abierta una investigación que salpica al gobernador de Bolívar, Yamil Arana, por hechos que se remontan a su paso por la Cámara de Representantes.
El proceso judicial gira alrededor de un supuesto entramado que habría condicionado la aprobación de proyectos financiados con recursos del OCAD-Paz al pago de comisiones que, según las denuncias conocidas por las autoridades, habrían alcanzado hasta el 12 % del valor de las obras. Los recursos estaban dirigidos a municipios golpeados por el conflicto armado para ejecutar proyectos de infraestructura y desarrollo.
Dentro de las diligencias, la Corte ha recopilado declaraciones de exfuncionarios y testimonios de mandatarios locales que alertaron sobre presuntas exigencias económicas para acceder a estos recursos. Esos elementos hacen parte del material probatorio que permanece bajo análisis de la Sala Especial de Instrucción.
Pese a que la indagación fue abierta en 2022, Arana conservó sus derechos políticos, renunció al Congreso y posteriormente fue elegido gobernador de Bolívar en las elecciones regionales de 2023. No obstante, las actuaciones relacionadas con su etapa como congresista siguen bajo la competencia de la Corte Suprema.
Aunque el expediente continúa bajo reserva y hasta ahora no existe una acusación formal ni una condena contra el mandatario departamental, la investigación sigue abierta y mantiene bajo escrutinio judicial uno de los casos más sensibles relacionados con el manejo de los recursos creados para impulsar la paz en las regiones más afectadas por la violencia.