Redacción: laregional.net
Luego de conocerse el fallo de la Corte Constitucional que obliga a la Comunidad de Paz de Apartadó (Antioquia) a abstenerse de denunciar a la fuerza pública sin que exista una condena, las organizaciones de derechos humanos mostraron su inconformidad, toda vez que consideran que esta decisión podría quebrantar la libertad de expresión en Colombia.
La Corte ratificó el fallo pese a que más de 40 organizaciones internacionales intentaron que se protegiera a la Comunidad de Paz, lo cual se da justo ahora, en el marco del paro nacional en el que se han presentado un sin número de denuncias por represión violenta de la Policía.
Una de las que se pronunció fue Fernanda Doz Costa, directora de la unidad de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, quien dijo que si en el país no se puede denunciar la sospecha de violaciones a derechos humanos, como las autoridades iniciarán las investigaciones.
Para Jorge Enrique Ibáñez, magistrado de la Corte, el fallo es una desproporción en la sentencia, debido a que exige primero un fallo condenatorio.
La Comunidad de Paz desde 1997 ha defendido los derechos de los campesinos víctimas de las guerrillas y de los paramilitares.