La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para cinco municipios del Atlántico por riesgos de «disputas entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) – Clan del Golfo con los grupos locales y regionales de criminalidad organizada, por el control de actividades ilegales».
Se trata de las localidades de Baranoa, Polonuevo, Luruaco, Sabanalarga y Repelón, que «están en alto riesgo de vulneración a sus derechos», según lo advierte la Alerta Temprana 029 del 2022, en la que se presentan 15 recomendaciones a entidades nacionales y regionales para tomar acciones preventivas y proteger a las comunidades. De acuerdo al ente del Ministerio Público, el riesgo se presenta por la presencia y por las disputas entre el Clan del Golfo y los grupos de crimen organizado, «quienes buscan el control territorial y social de estos cinco municipios, que conforman una zona geoestratégica para el manejo de economías ilegales dentro y fuera del país, en particular del narcotráfico».
Al respecto, el defensor Carlos Camargo advirtió: «Nuestro equipo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo estableció riesgos para la vida, seguridad, libertad e integridad en contra de los líderes sociales, personas defensoras de los derechos humanos, comerciantes formales e informales, comunidades indígenas y afrodescendientes, entre otros grupos sociales. Agregó la Defensoría que los homicidios selectivos y múltiples, la extorsión, las amenazas, están afectando de manera directa a las comunidades de estos municipios, en especial, a comerciantes, transportadores, población infantil, adolescente y juvenil. A lo que se le suman diferentes formas de violencia basada en género, entre ellas, la sexual, dirigidas a mujeres y a población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (Osigd), quienes también son víctimas de violencia por prejuicio.
Por ello, en una visita al departamento dos meses atrás, Camargo verificó la problemática social y de seguridad que se vive en esta región del país y solicitó a las autoridades redoblar esfuerzos para frenar la extorsión, las amenazas, y los homicidios, y coordinar acciones para avanzar en soluciones de fondo, dice el boletín emitido por la Defensoría del Pueblo.
Señaló en este sentido el funcionario que en la alerta temprana «no solo advertimos los riesgos y vulneraciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, también le hacemos 15 recomendaciones a las autoridades con el propósito de que se tomen las medidas necesarias, con la pertinencia y debida diligencia, que permitan garantizar la vida e integridad de estas comunidades». En este punto, la Defensoría les recordó a las autoridades que las acciones de prevención y disuasión del contexto de amenaza deben involucrar la fuerza integral del Estado y propender por la transformación de las profundas condiciones de precariedad y pobreza bajo un enfoque de seguridad humana y garantía de los derechos de las comunidades.
«Dentro de las recomendaciones están la de realizar campañas para prevenir y atender las amenazas y extorsiones contra las comunidades, además se pide que se refuerce la presencia Institucional de la Policía y la Fiscalía. Al ICBF, la Gobernación del Atlántico y la Consejería para los Derechos Humanos, se le solicitó coordinar acciones para prevenir el reclutamiento, el uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, entre otras medidas», reporta la información.