Las reiteradas denuncias por deficiencias en la atención médica de los docentes oficiales encendieron las alarmas de la Procuraduría General de la Nación, que volvió a intervenir para exigir mejoras urgentes en el funcionamiento del sistema de salud del magisterio.
El organismo de control manifestó su preocupación tras evidenciar que, pese a la implementación del nuevo modelo en 2024, continúan los problemas estructurales en la prestación del servicio.
Entre las principales fallas detectadas se encuentran dificultades en la contratación de la red de prestadores, lo que ha generado incertidumbre y afectaciones en la atención de los usuarios.
Además, la entidad advirtió posibles riesgos legales y administrativos debido a que el sistema estaría operando sin contratos plenamente formalizados, apoyándose en mecanismos transitorios que no garantizan estabilidad ni seguridad jurídica.
La situación se ve reflejada en el aumento de quejas relacionadas con la entrega de medicamentos, la asignación de citas médicas, el transporte de pacientes y la oportunidad en la atención, aspectos que han motivado protestas en diferentes regiones del país.
Ante este panorama, la Procuraduría solicitó a las directivas del Fondo de Prestaciones del Magisterio y a la entidad encargada de su administración presentar informes detallados sobre el manejo financiero y el estado de los contratos, con el fin de adoptar medidas que permitan corregir las fallas y garantizar un servicio digno para los maestros.