La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años al Inspector de Tránsito con funciones de Director de la Oficina de Tránsito y Transporte de la gobernación de San Andrés Isla, Juan Carlos Rozo Lozano (año 2012), por irregularidades en el cumplimiento de la ley y extralimitación de funciones.
La Procuraduría Regional de San Andrés comprobó que Rozo Lozano autorizó el 24 y 27 de febrero de 2012, el ingreso de los automóviles Dodge Caraván y Saturn Vue, modelo 2006, sin cumplir con los requisitos establecidos por el parágrafo del artículo 16 de la Ley 915 de 2004 y el Decreto 2441 de 2009, que prohíben el registro sin la previa autorización del gobernador de vehículos con más de 5 años de fabricación, ante los organismos de tránsito departamental.
El ente de control recordó a las entidades territoriales que la Ley 769 de 2002 señala que “las autoridades de tránsito deben velar por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privada, y sus funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías”
La Procuraduría calificó la conducta de Rozo Lozano como gravísima a título de dolo, por defraudar la confianza y “eludir la disciplina en el ejercicio de la función pública” e incumplir el Decreto 2441 del 2009, mediante el cual se tomaron medidas en materia de transporte y tránsito para el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y señalaron acción para la preservación del medio ambiente.
Contra este fallo en primera instancia procede recurso de apelación ante la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa.