Por: La Regional.net
Ya han pasado doce meses, y hasta ahora la Procuraduría Regional de Sucre no emite una decisión sobre la investigación disciplinaria que le abrió a catorce, de diecisiete concejales de Sincelejo.
Esta irregularidad, que han tildado de política y muy lejana al sistema de controles del organismo, llevó al abogado John Turizo a instaurar un derecho de petición ante la Procuraduría General de la Nación.
Es de anotar que Turizo, Elkin Monterroza y otros, denunciaron a los cabildantes en junio de 2020 y a la fecha el ente de control no se ha pronunciado, pese a que los términos para hacerlo ya están vencidos, porque el 1° de junio de 2021, la Procuraduría Regional de Sucre les abrió el proceso disciplinario.
Los concejales en líos con la Procuraduría son José Macea, Omar Quessep, Daniela Vergara, Derly Chamorro, Álvaro Díaz, Javier Ortiz, Manuel Barrios, Leonardo Rodríguez, Jesús Castilla, José David González, Ramiro González y Américo Donado. También Andy Ruiz y Diego Mercado, que ya no están en el Concejo. El primero desde el año pasado y el otro hace casi dos meses.
Estos fueron denunciados por elegir de forma irregular al contralor municipal de Sincelejo, es decir, a Vivian María Montaño, que según los denunciantes, estaba inhabilitada para ocupar ese cargo. De eso dio fe el Tribunal Administrativo de Sucre que declaró ilegal la elección que hicieron los concejales el 10 de enero de 2020.
En el derecho de petición Turizo solicita copia íntegra digital de todo el expediente del proceso, incluyendo la práctica de pruebas y todo documento relacionado con el mismo. También, que se le informe en qué etapa se encuentra dicho proceso disciplinario.
Además, que se le informe también por qué hasta esta fecha no se ha tomado una determinación de fondo en el caso, cuando ya transcurrieron 12 meses desde que abrieron la investigación. «Recordemos señora procuradora que dilatar un proceso disciplinario constituye sanciones disciplinarias y penales», se lee en el documento de petición.
Por último solicita se tome una decisión de fondo de manera inmediata, teniendo en cuenta que se cumplieron 12 meses, término suficiente para verse el resultado.
Otro que criticó la demora de una decisión, por parte de la Procuraduría, fue el otro denunciante, Elkin Monterroza, quien dijo que la exprocuradora regional de Sucre, Lesvia Montalvo, «hizo tanto para mal que llegó a generar con sus decisiones, nulidades inenarrables. Fue un verdadero palo en la rueda, y eso que digo se desprende de una lectura desapasionada del expediente disciplinario. Su obsesión mientras la indagación estuvo en sus manos, fue la de evitar a toda costa, que los concejales fueran investigados conforme al procedimiento establecido. Las razones de su proceder solo ella las conoce».
En cuanto a lo que esté pasando en la Procuraduría Regiónal, señala el quejoso «pienso lo que cualquier ciudadano asimila, y es que se trata de un órgano de origen político que actúa bajo cálculos políticos y eso desnaturaliza no sólo su función, sino que afecta la confianza que la ciudadanía le tenía como elemento estructural del Estado, es decir, que la Procuraduría hace parte de acuerdo político y no del sistema de pesos y controles. Lamentable».
De otra parte, sostuvo Monterroza que el vencimiento de términos es la consecuencia del posible acuerdo entre las fuerzas políticas del municipio y el futuro electoral de quienes pudieran tener capacidad de influencia sobre las decisiones disciplinarias. «No se puede olvidar que las decisiones tomadas con sesgos políticos no están sometidas a control de legalidad alguno ya que trascienden la competencia de quien los juzga en primera instancia», expresó el abogado.