Redacción: laregional.net- Valledupar-
“Exigimos respeto por el derecho colectivo de la Jurisdicción Especial Indígena”, es el clamor de los pueblos indígenas asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes bajaron hasta el municipio de Valledupar, para protagoniza una multitudinaria marcha que culminó en la Casa Indígena.
Ciento de hombres y mujeres colmaron la Plaza Alfonso López de Valledupar, donde con arengas y consignas, piden a las autoridades ordinarias respeto “por la Sierra Nevada que es nuestra casa, en la que nos dejaron nuestros padres y madres espirituales con la misión de cuidarla y protegerla. Atentar contra nuestra autonomía, es una forma de exterminio cultural”.
Exigen la adopción de medidas que salvaguarden su territorio la diversidad étnica y cultural. “Es una lucha política y espiritual contra el ecocidio y el exterminio de nuestros pueblos, como mujeres y cuidadoras de nuestras comunidades, pueblos y territorios”, manifestó Luz Yaneris Pérez López, representante indígena, quien reiteró que la fiscalía y los jueces, están vulnerando el gobierno propio.
Reiteró sus exigencias en cuanto el respeto hacia las autoridades elegidas por los pueblos indígenas como: cabildos, comisarios y todos los organismos que competen dentro del territorio, así como la directiva general, ya que estas comunidades toman decisiones en asambleas con el consentimiento del pueblo; “han querido entrometerse, es porque tienen sus intereses propios”.
Respeto a sus autonomías
La Confederación Indígena Tayrona (CIT), emitió un comunicado en el que condenan el desangre de la Madre Tierra, Ati Seynekun, por parte del Estado Colombiano y los megaproyectos de inversión, que acaban con los recursos naturales y atentan contra nuestros territorios, poniendo en jaque nuestra relación con ellos y los cimientos de nuestra integridad cultural.
Por ello, se oponen, de manera absoluta y decidida, a la intromisión por parte de las autoridades estatales en los asuntos propios de los pueblos y la violación del derecho a la consulta previa.
De igual manera, rechazan la construcción del ejercicio dialógico desde la institucionalidad estatal y en relación con los pueblos y comunidades indígenas, fundado en el racismo estructural y el desconocimiento de nuestros derechos al gobierno propio y la autonomía.
Dejan clara su exigencia al Gobierno Nacional de respetar los territorios y los ecosistemas, y de forma paralela, se condene el ecocidio al que han sido sometidos, cuidando así de la red de lugares sagrados asociados al agua; de allí la necesidad de exigir a las instancias de orden internacional, que desplieguen procesos de veeduría con el fin de que se garantice de forma real y efectiva los derechos de las comunidades indígenas.
“Nos oponemos al accionar excluyente y discriminatorio, así como las expresiones racistas y folcloristas sobre nuestro ejercicio del Gobierno propio y de administración de justicia. Las instituciones deben garantizar el cumplimiento de la Directiva 012 de 2016, en respeto a las Autoridades de Justicia del Pueblo Arhuaco, así como los derechos ambientales que se encuentran intrínsecamente conexos a nuestras formas de vida”, se lee en el comunicado.