La Procuraduría General de la Nación impuso una sanción disciplinaria al exalcalde de Arenal, Bolívar, Eugenio Lobo Quiñones, quien no podrá ejercer cargos públicos durante ocho años y seis meses por presuntas irregularidades relacionadas con un proyecto de vivienda de interés social dirigido a familias víctimas del conflicto armado.
La decisión, emitida en primera instancia, concluyó que durante la ejecución de la obra, que contemplaba la construcción de 16 viviendas, no se adoptaron las medidas administrativas y contractuales necesarias para garantizar el cumplimiento oportuno del contrato, lo que ocasionó retrasos injustificados.
En la misma actuación disciplinaria, la Procuraduría también inhabilitó por 15 años al interventor del proyecto, Reynaldo Enrique Manrique Teherán, al considerar que incurrió en conductas de mayor gravedad durante el desarrollo de sus funciones.
El organismo de control señaló que las actuaciones de ambos funcionarios afectaron principios fundamentales de la contratación estatal, entre ellos la responsabilidad, la economía, la moralidad, la eficacia y la celeridad. La conducta del exmandatario fue calificada como falta gravísima cometida con culpa gravísima, mientras que la del interventor fue considerada una falta gravísima cometida con dolo.