La Fiscalía General de la Nación reconoció que los asesinatos de líderes sociales en el país tienen cierto grado sistemático, lo que confirma que muchos de estos casos no son al azar como en algunas oportunidades ha manifestado el Gobierno y la Fuerza Pública.
La revelación la hizo el fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien decidió reconocer que cabe la posibilidad de que exista “sistematicidad pasiva” en las ejecuciones de defensores de derechos humanos y líderes sociales de diferentes partes del país.
“Tenemos que decir que hay sistematicidad activa desde el punto de vista que se trata de organizaciones criminales estructurales que están operando en los territorios y en segundo lugar que hay una sistematicidad pasiva desde el punto de vista del 50% de la afectación de víctimas”, dijo el fiscal general.
Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, (Indepaz), entre el 1 de enero y el 17 de noviembre del 2018 fueron asesinados 226 líderes sociales. Sin embargo, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo señaló que, a casi dos semanas de concluir el 2018 habían sido asesinados 164 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Las cifras presentaban alguna diferencia, sin embargo se ratificó a final del 2018 y comienzos del 2019 que la problemática debe ser atendida con urgencia.
En la reunión de la Fiscalía, a la que asistió la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se confirmó que dignatarios de Juntas de Acción Comunal son los que más han sido objeto de atentados y amenazas contra su vida, representando el 50 % de las víctimas en total.