A través de una solicitud formal, el presidente de la Veeduría de la Rama Judicial, Vejuca, Erick Urueta Benavides, presentó ante el Gobierno Nacional una solicitud de revocatoria del Decreto 2362 de 2018 para la suspensión general de permisos para el porte de armas de fuego.
“La norma se basa en falsas motivaciones debido a que existe una diferenciación sustancial entre lo que se denomina porte de armas legal e ilegal, pues si bien es cierto lo mencionado por la corte constitucional esto aplicaría al porte de armas en forma general sin hacer una diferenciación entre porte de armas de fuego legal e ilegal, por lo que en ese momento se dejó de tener en cuenta esta gran diferenciación, pues entonces deberíamos tener actualización de datos estadísticos que demuestren si la comisión de los delitos de violencia, de enfrentamiento sociales de muertes violentas por proyectiles se deben a las armas legales o ilegales”, expresó.
Como demostración de porqué es importante el desmonte, Vejuca tomo las estadísticas de homicidios y lesiones personales proporcionadas por la Policía Nacional entre el 2013 y 2018, donde existe una tendencia decreciente de los índices de homicidios y lesiones ocasionadas por armas de fuego, lo que ratifica que las armas en manos de la comunidad en legítima defensa no dispara los índices negativos del uso de armas, como se asegura.