Una sanción monetaria que asciende a los a los siete mil millones de pesos ($6.773’386.140) deberán pagar al Consejo Superior de la Judicatura los seis capturados por las presuntas irregularidades en la contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE) de Cartagena, en hechos que se habrían presentado entre 2016 y 2017.
Con este millonario pago los capturados serían beneficiados con la medida de aseguramiento domiciliaria que les otorgó el juez, para así recuperar el dinero del detrimento patrimonial.
Caso por caso
El llamado Zar de la alimentación de la Costa, David Reynaldo Camacho Benítez, deberá pagar 3.124’968.000 de pesos; mientras que el exsecretario de Educación de la heroica Germán Arturo Sierra Anaya deberá hacer lo propio pero por 1.953’105.000 de pesos.
La representante legal de la Fundación Redcom, Gladys Amanda Muñoz Bravo; y la representante legal del consorcio Proescolar 2016, Sandra Milena Mercado Santoyo, deberán pagar cada una, 781’242.000 de pesos.
Entre tanto el exalcalde de Cartagena Manuel Vicente Duque Vásquez fue sancionado con 117’186.300 de pesos, y la supervisora de la alcaldía de la capital de Bolívar Mayiris Gómez Ballestas lo fue con 15’624.840 de pesos.
Este dinero será consignado a las cuentas del Consejo Superior de la Judicatura en depósitos bancarios y no en pólizas, y cuando termine el proceso será el juez que lleve el proceso quien determine si el dinero será usado para pagarles a las víctimas a manera reparación, o en caso de darse libertades a los procesados, el dinero les será devuelto.
Las pruebas
En criterio del juez, la medida de detención domiciliaria y la caución eran las decisiones adecuadas, si se analizan las pruebas que entregó la Fiscalía en la imputación de cargos.
Una de las pruebas a las que se hace referencia está relacionada con 30 cartas enviadas por los rectores de diferentes colegios a la Secretaria de Educación Distrital el 18 de marzo del 2016. En las comunicaciones los docentes solicitaban las raciones alimenticias de los estudiantes en las que se basó la alcaldía para solicitar la urgencia manifiesta y poder contratar Plan de Alimentación Escolar en abril del 2016.
Según la Fiscalía dichas cartas fueron emitidas con la misma fecha de elaboración y recibido. El juez argumentó que es una extrañeza que todas las comunicaciones hayan llegado en la misma fecha.
Otro factor resaltado por el juez fue la adjudicación del segundo contrato en el que participaron Proescolar 2016 y una cooperativa de Bucaramanga que supuestamente había enviado una cotización con mayor valor. Pero al momento de indagar al representante legal de la cooperativa aseguró que nunca recibió una invitación ni propuesta para licitar.
Ante esta situación la Fiscalía verificó la firma plasmada en los documentos presentados a nombre de la cooperativa, y se precisó que la misma era falsa.
El togado también aseguró que la Fiscalía evidenció que el exsecretario de Educación tuvo el control de la etapa precontractual, contractual y de supervisión integral de que todo se haya cumplido, al igual que la supervisora en este último punto, mientras que el exalcalde omitió la vigilancia a los contratos.
El juez argumentó que era imposible una prórroga del contrato entre el 28 de noviembre y el 31 de diciembre del 2016, como lo sustentó la Fiscalía, ya que fue la misma Secretaría de Educación la que determinó que las vacaciones de estudiantes eran entre el 28 de noviembre y el 13 de enero del 2017.