Redacción: laregional.net-
Luego de un año del escándalo por el contrato fallido entre el Ministerio de las Tecnologías, MinTIC y la Unión Temporal – Centros Poblados, manejadas por Juan Carlos Cáceres Bayona y Emilio Tapia, un nuevo elemento se suma a las investigaciones que ahora salpican a una iglesia cristiana y dos pastores, según lo ha revelado en medios nacionales la Agencia de Periodismo Investigativo (API).
El contrato, en el participaron las empresas Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación SAS, ICM Ingenieros SAS, Intec de la Costa SAS y Omega Buildings SAS, tenía como objetivo conectar a internet a colegios y escuelas en catorce departamentos, incluido Bogotá por $1.07 billones.
Muchas han sido las irregularidades que desde el inicio de las investigaciones se han puesto al descubierto, así como también existen evidencias que están pasando por ‘debajo de la mesa, y de las cuales no se ha dicho nada más.
La API ha advertido que no se ha vuelto a tener noticia de los US$503.000 que salieron de un anticipo del contrato a las cuentas de unos amigos pastores cristianos de Juan Carlos Cáceres, cuyos allegados han señalado a la Iglesia Centro Bíblico Internacional como la beneficiaria de ese préstamo celestial.
Los pastores de esta iglesia cristiana Rafael Gómez D’Sola y Adriana Gómez, son cercanos a Shirley Carolina Castelar Serrano, esposa de Juan Carlos Cáceres Bayona y quien funge como gerente de la empresa Virtualtics cuyo objeto social es la prestación de servicios de internet.
Esta congregación religiosa recibió su personería jurídica 000729 el 13 de junio de 1982 y está ubicada en la calle 78 con carrera 57 en Barranquilla. Se presentan como una iglesia con visión misionera nacional e internacional, orientada hacia la promulgación y enseñanza de la palabra de Dios, “para la salvación y la alimentación espiritual del hombre”.
Rafael Gómez D’Sola es el representante legal. La iglesia auto promociona a sus pastores principales Rafael y Adriana Gómez como personas que tienen un corazón para llegar a la ciudad y más allá con el mensaje transformador de vida de Jesús.
En octubre de 2019, mediante resolución 1617 del Ministerio del Interior la congregación reformó sus estatutos y a su nombre figuran varias propiedades.
Según registros públicos, aparece un lote de 61 metros cuadrados que colinda con la Avenida las Américas en Bogotá, el cual le compraron a María Mera Avellaneda de Fonseca el 18 de diciembre de 2014 que escrituraron por $338 millones.
Figuran además relacionados otros tres bienes a nombre de la iglesia, cuyo origen y movimientos aún no han sido investigados por las autoridades.
Fue el propio Juan Carlos Cáceres quien reconoció ante la Fiscalía, el millonario préstamo a los miembros de la congregación religiosa, asegurando que todo obedeció a una situación personal.
“Quiero aclarar que yo le realicé dos préstamos a una familia, que son esposos, por 503.000 dólares, los cuales yo lo hice por un tema personal”, indicó el empresario Cáceres en un interrogatorio ante la fiscal anticorrupción que investiga el caso, efectuado a finales de septiembre de 2021.
La Agencia API, contactó a los pastores para conocer su posición al respecto, pero se abstuvieron de responder a los interrogantes planteados.
El caso volverá a reactivarse hasta el 23 de febrero de 2022. Ese día serán imputados los denominados empresarios Ottomar Lascarro Torres, Juan Carlos Cáceres Bayona, así como Luis Fernando Duque representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, Juan José Laverde gerente de la agencia Rave Seguros y el otrora protagonista del denominado ´carrusel de la contratación´, Emilio Tapia Aldana.
La Fiscalía aseguró que deberán responder por los presuntos delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. En otras palabras, considera el ente acusador que se habrían apropiado de millonarios recursos del contrato entre MinTic y Centros Poblados.
Pastores niegan haber recibido dinero
Mediante un comunicado, los pastores Rafael Eliu Gómez Smit y Adriana Gómez, expresaron que no han recibido dinero alguno proveniente del contrato entre Centros Poblados y MinTIC.
“Hoy a través de este medio le manifestamos de manera oficial y categórica que los señores Rafael y Adriana Gómez, no han recibido la suma acusada. Tales acusaciones han afectado el buen nombre de la Iglesia Centro Bíblico Internacional Barranquilla que tiene más de 44 años de fundada y que ha funcionado a favor de la Fe de la comunidad de Barranquilla”.
Asimismo, dijeron estar dispuestos a atender cualquier llamado de la justicia, en caso de ser requerido.