Redacción: Miguel Macea Di Martino
La Corte Suprema de Justicia tiene un documento de 799 páginas que detalla presuntas irregularidades cometidas por seis congresistas.
Según la investigación, altos funcionarios del gobierno nacional habrían buscado comprar los votos de estos congresistas en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público en 2023.
Los congresistas implicados son Wadith Manzur, Karen Manrique, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo.
La investigación sugiere que estos congresistas habrían aceptado promesas remuneratorias a cambio de votar a favor de proyectos del gobierno.
El dinero habría provenido de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para atender emergencias en Saravena, Carmen de Bolívar y Cotorra en el departamento de Córdoba.
Entre las pruebas se encuentran chats entre algunos de los congresistas y la exasesora María Alejandra Benavides, así como detalles de reuniones en las que se habrían hecho acuerdos entre el gobierno y los congresistas.
La Fiscalía ha dicho que el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habría dado la orden a Benavides de gestionar los proyectos para asegurar los votos de los congresistas implicados.