En un evento denominado ‘Justicia abierta: diálogos con la comunidad’, el Consejo de Estado hizo presencia en Valledupar para cerrar un ciclo de jornadas académicas en donde decidieron los magistrados de la alta corte de lo contencioso administrativo ampliar ciertos temas de importancia para las regiones.
Los consejeros de Estado hicieron hincapié en temas como la doble militancia política, en la que insistieron, los partidos políticos deben ser más responsables y, por ejemplo, informar previo a las fechas de inscripción quiénes han dejado de hacer parte de sus filas.
“Hemos encontrado que las organizaciones políticas no tienen la capacidad de organización y de disciplina para llevar lo que corresponde en debido orden”, expresó la magistrada Rocio Oñate Araújo, presidenta de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
También llevaron a cabo el panel: “Irregularidades consignadas en los formularios electorales”, liderado por la doctora Rocío Araújo Oñate, Carmen Dalis Argote Solano, jueza cuarta administrativa del Circuito Judicial de Valledupar, y docentes de Areandina y la UPC.
El evento, que fue liderado por el presidente del Consejo de Estado, German Alberto Bula Escobar, se detuvo en la necesidad de que los 26 distritos judiciales del país, como el Tribunal Administrativo del Cesar, rindan cuentas a los ciudadanos.
“Llevamos tres años en estos encuentros promoviendo la cultura de la legalidad. La litigiosidad y la congestión que afectan la justicia admnistrativa depende de cómo se comporta el Estado. En Colombia actualmente se presentan anualmente se presentan entre 600 mil y 800 mil tutelas. Eso significa que esas personas, cientos de miles, aunque no tengan éxito todos, consideran que en principio un derecho fundamental suyo ha sido violado”, expresó entre otros tema, el presidente Bula Escobar.
Haciendo énfasis en la doble militancia política, los consejeros de Estado debatieron sobre la importancia de que los ciudadanos entienda los extremos temporales para que haga control social a aquellos que coquetean con un partido y con otro; se hacen elegir y se desgasta el electorado pues estas personas incurren en su concurrencia en dos partidos, claramente desaprobado por la ley.
“Participar en la vida política para efectos de que las mismas personas puedan controlar que las personas que pertenezcan a los partidos puedan hacer campaña política por los partidos que pertenezcan”, concluyó la magistrada Araujo Oñate.
En cuanto al parque de La Leyenda Vallenata, que fue devuelto al municipio por parte de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, los consejeros hicieron un recuento de las irregularidades que desde el principio se cometieron en detrimento de los activos del municipio.
Recordaron algunos de ellos, por ejemplo José Antonio Aponte Olivella, magistrado del Tribunal Administrativo del Cesar, que se acerca el vencimiento del plazo de seis meses para que la Alcaldía de Valledupar y la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata entreguen informe del cumplimiento de sentencia. La fecha límite será en enero.
“En los términos vamos a contestar, vamos a presentar informe, de todas formas ya lo hemos hecho parcialmente, entregamos el acta de entrega formal, 68 folios, hemos documentado todo el proceso…”, concluyó el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, e insistió el mandatario que el municipio tiene la posesión absoluta del predio.