De manera reciente, el diario EL PAÍS, tuvo acceso a unos documentos que notoriamente vinculan a batallones con falsos positivos, masacres de indígenas y un caso de violencia sexual.
Quien estuvo al mando fue el comandante Nicasio Martínez, entre octubre de 2004 y enero de 2006, de una brigada señalada por la Fiscalía de realizar 283 ejecuciones extrajudiciales en los departamentos La Guajira y Cesar.
Estos documentos revelados por fuentes cercanas a las indagaciones de los llamados falsos positivos (asesinatos de civiles perpetrados por militares durante el conflicto armado y presentados después como guerrilleros de las FARC) describen episodios ya juzgados, algunos de ellos con sentencia firme, que ponen bajo la lupa las acciones de esa brigada, en la que Nicasio Martínez asegura haberse dedicado a otro tipo de tareas.
Por otra parte, el senado tiene planeado para este miércoles, el ascenso de Martínez Espinel, tras haber sido nombrado al frente del Ejército el pasado diciembre por el mandatario, como general de cuatro soles, la máxima distinción militar en el país.
Tras la información publicada por NYT, sobre nuevas directrices del Ejército para presionar a sus miembros para mejorar los resultados de las operaciones, se han sumado dudas sobre su labor de control en calidad de segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la brigada. Cabe recordar que La Procuraduría abrió en días previos una investigación para determinar si las últimas decisiones del general han puesto en riesgo a la población civil.
Según estos documentos, la Décima Brigada Blindada que dirigió el militar fue señalada en un informe del ex fiscal general Eduardo Montealegre como “uno de los primeros lugares en el ranking de presuntas ejecuciones extrajudiciales”.
Algunos de los casos reportados en 2005 involucran al menos a dos batallones en asesinatos al margen de la ley, la acusación de una masacre de indígenas y un episodio de violencia sexual. Uno de ellos se dio el 21 de febrero de ese año. Los soldados del batallón La Popa, según una sentencia condenatoria, colaboraron con paramilitares de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia en dos homicidios.
Por el año 2005, dos soldados del mismo batallón asesinaron en el Cesar a una persona que se encontraba protegida, Dagoberto Cruz Cuadrados, que “luego fue presentado como muerto en combate”. Y en el 2017, un fiscal de la Dirección Nacional de Derechos Humanos reabrió el caso y ordenó la detención de los responsables, que entonces ya habían salido del Ejército.
Otro caso relevante, ocurrió en el mismo departamento, cuando varios militares de La Popa, según la acusación, participaron en el asesinato de Claudino Manuel Olmedo Arlante y Frank Enrique Martínez Caviedes, un menor con discapacidad mental. En este caso, los fallecidos fueron reportados como muertos en enfrentamientos con la antigua guerrilla de las FARC. Siete soldados fueron condenados a 40 años. Unas semanas antes se había producido otro asesinato de características similares en el mismo municipio de La Paz.
Hoja de vida de Nicacio Martinez Espinel.
“La mañana del 20 de noviembre de 2005 en el sitio Parcelas del Tocaimo, área rural de San Diego (Cesar)”, se lee en otra resolución judicial, “fueron abatidos por miembros del pelotón Bombarda 3 del Batallón de Artillería Número 2 La Popa de Valledupar, y reportados como muertos en combate (…) los señores Iván de Jesús Sierra de la Rosa, John Jairo Parejo Pérez, Alfredo Manuel Retamozzo y Waiberto Cohen Padilla”. Todos eran del departamento del Atlántico, “de donde habían salido la noche anterior con dos hombres que les ofrecieron trabajo en Valledupar”. Tras su muerte, la Fiscalía concluyó que “la presencia de la tropa militar en el lugar de los acontecimientos no tenía ninguna justificación real, es decir, no había sustento ilícito”.
En el currÃculum se detalla que MartÃnez Espinel fue comandante segundo de la Décima Brigada entre el 30 de octubre de 2004 y el 21 de enero de 2006.
Otros documentos revelan que para el 5 de agosto del 2005, el actual jefe del Ejército firmó una orden de recompensa de un millón de pesos para obtener información que arrojó “excelentes resultados operacionales y proceder así contra supuestos guerrilleros”. A su vez, suscribió la orden de entrega el entonces teniente coronel a cargo del batallón La Popa, que hoy es jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas. Tras obtener esa información, fueron “dados de baja” dos miembros de las FARC y otro fue capturado. Los documentos señalan que “existen serias dudas sobre si los hechos materia de investigación se generaron con ocasión del servicio activo” de los militares involucrados.
El jefe del Ejército de Colombia dirigió una brigada acusada de matar a civiles
Dos días ante de que Martínez dejara su cargo, algunos soldados de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal de ese destacamento asesinaron a los indígenas Javier Pushaina, Luis Ángel Fince Ipuana y a Gaspar Cambar Ramírez; hirieron a Gustavo Palmar Pushaina y Moisés Pushaina Pushaina; y agredieron física y sexualmente a Irene López Pushaina y a Ligia Cambar Ramírez. Este caso fue admitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Orden de recompensa del 5 de agosto de 2005.
Por parte del Estado colombiano en el año 2014, expuso “su política de cero tolerancia con las violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública y su marco normativo para prevenir, garantizar la no repetición y sancionar las privaciones arbitrarias de la vida y las muertes de personas protegidas, así como el marco de reparación integral”. Fuente de consulta, El País.