La Sentencia de Unificación SU-235 de 2016 de la Corte Constitucional, relacionada con la Hacienda Bellacruz, hoy Hacienda La Gloria, continúa generando preocupación en el sur del Cesar por sus posibles efectos sociales y laborales.
en medio del cumplimiento de la sentencia, crece la incertidumbre entre los trabajadores de la empresa agroindustrial, donde más de mil personas podrían quedar cesantes y sin garantías laborales, situación que amenaza la estabilidad económica de numerosas familias de la región.
El concejal de La Gloria, Donaldo Vilardy, manifestó su preocupación por las consecuencias que podría traer la aplicación de la decisión judicial y elevó una petición al Gobierno Nacional y a la Corte Constitucional para que revisen cuidadosamente el caso.
“No queremos una catástrofe laboral en la región. Son más de mil personas que reciben su sustento en la Hacienda La Gloria, familias afectadas que tienen a sus hijos estudiando por fuera, lo que genera una gran preocupación en la comunidad y en los líderes, por los efectos laborales que se generarían”.
Por su parte, Mario Alberto Bustamante, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Simaña, aseguró que la sentencia no solo estaría afectando a los trabajadores directos, sino también a toda la economía regional. Según indicó, la empresa ha sido durante años una fuente de empleo y desarrollo en una zona golpeada históricamente por la violencia.
A su vez, el líder social Gregorio Riaño señaló que, aunque existe respaldo a los derechos de los campesinos reclamantes, también preocupa el impacto que tendría la medida sobre cientos de familias que dependen de la actividad palmera.
“No estamos en contra de la sentencia, es necesario apoyar a los campesinos, pero para amparar a 10 o 15 familias van a perjudicar a más de mil que por años han laborado en la Hacienda La Gloria y que hoy tienen compromisos como créditos, deudas y préstamos que los pueden dejar en la calle”, manifestó.
De acuerdo con Riaño, la situación tendría repercusiones en distintos municipios y corregimientos del sur del Cesar, debido a que de la actividad de la palma dependen habitantes de Simaña, La Mata, La Gloria, Pelaya, San Bernardo, Costilla, Tamalameque y Aguachica.
Entre las voces más afectadas está la de Leidys Johana Pedrozo, trabajadora del grupo agroindustrial y madre cabeza de hogar, quien expresó su consternación frente a la situación. Para ella, la decisión representa el posible final de su vida laboral y una amenaza directa para la estabilidad de su familia.
“Tenemos hijos en la universidad y el bachillerato, con algunos compromisos adquiridos, pero ahora quedaremos sin trabajo con una edad que nos impedirá conseguir otras oportunidades”, señaló.
Con la voz entrecortada y la incertidumbre reflejada en el rostro, Leidys aseguró que la sentencia no solo significa la pérdida de un empleo, sino el derrumbe de la estabilidad económica que durante años sostuvo a su hogar.
La mujer explicó que como madre cabeza de hogar dependía completamente de su trabajo para garantizar la educación, la alimentación y el bienestar de sus hijos. Hoy, como ella, cientos de trabajadores enfrentan la incertidumbre sobre su futuro laboral en una región donde las oportunidades de empleo son limitadas.
Detrás de la sentencia hay historias humanas que van más allá de los procesos legales. Son trabajadores que dedicaron años de esfuerzo al sector agroindustrial y que ahora enfrentan el desafío de reinventarse en un mercado laboral cada vez más limitado para personas de mayor edad.