La investigación, liderada por el Ministerio de Transporte y la Supertransporte, dejó en evidencia que al menos 37 organismos de tránsito habrían impuesto comparendos sin cumplir los requisitos técnicos y legales exigidos por la ley. Según el informe oficial, varias cámaras operaban sin certificaciones vigentes, otras usaban documentación ajena y algunas comenzaron a sancionar conductores antes de recibir autorización legal.
El impacto económico del escándalo sería gigantesco. Las autoridades calculan que más de 1,4 millones de ciudadanos se verían beneficiados con la anulación de comparendos pendientes de pago, mientras que también están bajo revisión más de 1,5 millones de multas ya canceladas por los conductores, recursos que superarían el billón de pesos y que podrían tener que ser devueltos.
Entre las ciudades con mayor número de fotomultas bajo sospecha aparecen Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla. Solo en Cali se investigan cerca de 2,7 millones de comparendos, mientras que en Barranquilla la cifra supera las 131 mil sanciones detectadas por cámaras que ahora están en la mira de las autoridades.
El Gobierno advirtió que, de confirmarse las irregularidades, las entidades responsables enfrentarían sanciones multimillonarias que superarían los $2,1 billones. El caso ya es considerado como uno de los golpes más fuertes contra el negocio de las fotomultas en Colombia y podría desencadenar una avalancha de reclamaciones judiciales por parte de conductores afectados.