Por: Miguel Macea Di Martino –
Durante más de dos siglos, Colombia ha estado gobernada por las mismas estructuras políticas y económicas que han concentrado la riqueza en pocas manos mientras millones de colombianos sobreviven en medio de la pobreza, el abandono estatal y la desigualdad.
Los gobiernos tradicionales, amparados en el bipartidismo y posteriormente en sectores de extrema derecha, construyeron un modelo neoliberal que convirtió al país en un territorio de privilegios para las élites y de sufrimiento para las clases populares.
A lo largo de la historia, el pueblo colombiano ha intentado romper esas cadenas mediante distintas luchas sociales, políticas y populares. Sin embargo, cada intento de transformación fue perseguido, reprimido o silenciado por un establecimiento que históricamente ha utilizado las instituciones del Estado para proteger sus intereses y contener cualquier expresión de rebeldía popular.
La exclusión, la violencia y el miedo fueron durante décadas herramientas para impedir que el pueblo llegara al poder.
La llegada del presidente Gustavo Petro representó para millones de ciudadanos una esperanza de cambio real. Por primera vez, sectores históricamente marginados sintieron que podían tener voz en el Gobierno nacional.
Gobernar no ha sido tarea fácil. El presidente ha enfrentado una fuerte resistencia desde el Congreso, sectores de las altas cortes, organismos de control, gremios económicos y partidos tradicionales que han bloqueado buena parte de las reformas sociales impulsadas por el actual Gobierno.
Hoy Colombia vive un momento decisivo. Las elecciones de mayo no son simplemente una disputa electoral más; representan una confrontación entre dos modelos de país.
De un lado, quienes defienden la continuidad de un sistema que históricamente favoreció a las élites económicas. Del otro, un pueblo que exige transformaciones profundas, justicia social y participación real en las decisiones nacionales.
Por eso el llamado es a defender democráticamente el proyecto político encabezado por Iván Cepeda y Aída Quilcué, como una continuidad de las reformas sociales y de la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente impulsada desde sectores progresistas.
Para muchos colombianos, esta elección simboliza la posibilidad de profundizar cambios en materia de derechos, equidad y representación popular.
En estas elecciones cada voto tendrá un valor histórico. No se trata únicamente de escoger candidatos, sino de decidir qué rumbo tomará Colombia en los próximos años.
El pueblo deberá asumir un papel activo, vigilando el proceso electoral y participando masivamente en las urnas para evitar que las viejas prácticas políticas vuelvan a imponerse sobre las aspiraciones de cambio de millones de ciudadanos.
La desconexión entre las élites políticas y las necesidades reales de la ciudadanía ha provocado un creciente inconformismo social en las regiones más golpeadas por la pobreza y el abandono estatal.
Campesinos, jóvenes, trabajadores y comunidades históricamente excluidas ven en estas elecciones una oportunidad para abrir espacios de participación que durante décadas les fueron negados por las estructuras tradicionales del poder.
La lucha política que vive Colombia también es una disputa por el futuro del modelo económico y social del país. Mientras algunos sectores defienden la permanencia de privilegios y concentración de riqueza, otros reclaman reformas que permitan mayor justicia social, acceso digno a derechos básicos y una democracia más incluyente.
El resultado de estas elecciones podría marcar el inicio de una nueva etapa en la historia política nacional.