La Mesa de Derechos Humanos y Territorios del Cesar rechaza categóricamente el asesinato del reconocido líder campesino Luis Carlos Hernández Santiago (42 años), ocurrido en la tarde del jueves 12 de diciembre de 2019 en la vereda Los Laureles en la Serranía del Perijá en jurisdicción del municipio de Curumaní, hecho en el que resultó herido con arma de fuego el campesino Inoé Caballero Villegas (48 años).
En estos momentos de profundo dolor y tristeza se le envía solidariamente a la familia de Luis Carlos Hernández Santiago nuestro sincero sentimiento de condolencia y pesar por tan lamentable e irreparable pérdida y se le envían las mejores energías a Inoé Caballero Villegas para que supere prontamente esa experiencia tan traumática que tuvo que soportar. Se espera que este hecho no quede en la impunidad.
Luis Carlos Hernández Santiago, lideraba, desde hacía cerca de tres años, a varias familias campesinas que, por falta de tierra, se vieron impelidas a ocupar de hecho sabanas comunales del corregimiento de Santa Isabel en Curumaní; en los últimos meses se había vinculado activamente al trabajo desarrollado por la Mesa Regional Campesina del Perijá (MRCP), organización campesina que viene impulsando la creación en la región de una Zona de Reserva Campesina (ZRC); era el representante legal de la Asociación de Campesinos Productores y Ganaderos de Santa Isabel (ASOCAPROGA), desde donde gestionó la entrega de subsidios de tierras para trece familias que actualmente se encuentran establecidas legalmente en la finca El Reposo; había sido recientemente elegido en la Mesa de Participación de Víctimas de Curumaní, en representación del hecho victimizante de desplazamiento forzado; era pastor adscrito a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia (IPUC); y en las pasadas elecciones regionales se había lanzado como candidato al concejo de Curumaní en la lista del Partido Social de la Unidad Nacional (Partido de la U).
Desde múltiples escenarios la Mesa de Derechos Humanos y Territorios del Cesar ha sido enfática en subrayar su preocupación al observar el creciente deterioro de la seguridad, la irrupción de hechos y expresiones criminales y el resurgimiento de grupos armados ilegales de naturaleza paramilitar en distintos lugares del departamento del Cesar. Ante este panorama sumamente preocupante, que ciertamente representa serios riesgos para el ejercicio del trabajo que adelantan las lideresas y líderes sociales y las personas defensoras de derechos humanos en el departamento, se insta a lo siguiente:
– Al gobierno del presidente Iván Duque Márquez, brindar todas las garantías que se requieran para proteger la vida e integridad personal de las lideresas y líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos y salvaguardar el normal ejercicio de sus actividades en el departamento y en todo el territorio nacional. En ese contexto, se considera extremadamente útil que se materialicen acciones encaminadas a retomar y a abrir diálogos con las insurgencias que aún se mantienen levantadas contra el Estado y adelantar procesos tanto para el sometimiento a la justicia como al desmantelamiento de los grupos armados ilegales sucesores y herederos del paramilitarismo.
– Al Ministerio del Interior, para que viabilice, en el inmediato plazo posible, el proceso nacional de garantías pactado en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera suscrito entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP.
– A la Fiscalía General de la Nación, para que investigue con celeridad y efectividad, los hechos ocurridos, de manera que lleven a su esclarecimiento y a la judicialización de los autores materiales e intelectuales.
– A la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, para que, desde sus competencias constitucionales y legales, adelanten las gestiones que se requieran a fin de que se establezca y ponga en funcionamiento la Mesa Territorial de Garantías del Cesar, desde donde se articulen y coordinen las políticas, programas y acciones dirigidas a la protección de las lideresas y líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos del departamento, de manera tal que se minimice el riesgo al que hoy en día están expuestas.
– A las organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, para que monitoreen y hagan un seguimiento más estrecho a la situación de violencia contra lideresas y líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos que despliegan sus actividades en los territorios del departamento.
Valledupar, Cesar, 13 de diciembre de 2019
MESA DE DERECHOS HUMANOS Y TERRITORIOS DEL CESAR