Hace poco se dio a conocer a los 694 aspirantes a cargos públicos que, aunque están inhabilitados para las elecciones del próximo 27 de octubre, aún hacen campaña electoral.
El Procurador Fernando Carrillo, fue uno de los que envió la información de los candidatos inhabilitados a la Fiscalía, Registraduría y Consejo Nacional para que se determinen las responsabilidades penales y administrativas de cada caso, y denunció que algunos de los partidos políticos ya sabían que estaban inhabilitados y aun así fueron inscritos e hicieron campaña.
No vamos a permitir que personas inhabilitadas se cuelen en este proceso electoral, no vamos a permitir que se ponga en entredicho la voluntad del elector por cuenta de conductas, la mayoría de ellas, de trascendencia penal”, denunció el Procurado Carrillo.
Así mismo recordó que si los candidatos usan financiamiento en sus campañas electorales de fuentes de financiación prohibida, según la ley, deberán ser penalizados junto al gerente de campaña y al promotor de las mismas.
Denuncien, hay actores ilegales o relacionados con actividades económicas ilegales que están tratando de interferir en los procesos electorales, expresó el Procurador como un llamado de atención a la ciudadanía.
Por otro lado, el Fiscal General Fabio Espitia, explicó que ante la situación el ente investigador evaluará cada uno de los casos y causales de inhabilidad a fin de conocer cuales se encuentran dentro del tipo penal, para así imputar la conducta a título de tentativa de delito.
Se realizará un seguimiento de los aportes propios en las campañas adelantados por candidatos constituidos como fuentes de financiación prohibida, en específico de aquellos que tienen conocimiento de procesos de extinción de dominio en su contra, así como de las personas imputadas y acusadas por delitos relacionados con la financiación, promoción o pertenencia de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública y de lesa humanidad, indicó el Fiscal General.
En cuanto a los casos de partidos políticos que entregaron avales a candidatos pese a saber que estaban inhabilitados, el CNE (Consejo Nacional Electoral) será quien se encargue de determinar su responsabilidad administrativa.Fuente:
