El Gobierno de Colombia endureció su política migratoria y ordenó poner en marcha operativos para identificar a extranjeros que permanezcan en el país en situación irregular, con prioridad para quienes estén involucrados en delitos y posteriormente para quienes no hayan regularizado su permanencia.
La decisión, anunciada por por Abelardo de la Espriella, tendrá un fuerte impacto sobre la población venezolana, que constituye la mayoría de los migrantes en Colombia. Según reportes recientes, cerca de 2,8 millones de venezolanos viven en el país y una parte importante aún no cuenta con una situación migratoria regularizada.
El Gobierno sostiene que la estrategia busca recuperar el control migratorio, combatir las estructuras criminales relacionadas con el tránsito irregular de personas y actuar contra extranjeros que representen un riesgo para la seguridad. Sin embargo, el anuncio ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y comunidades migrantes, que temen que la medida termine estigmatizando a quienes llegaron al país en busca de oportunidades.
Desde el Ministerio del Interior se ha aclarado que los venezolanos que ya cuentan con mecanismos de regularización, como el Permiso por Protección Temporal, no son el objetivo de esta ofensiva. La discusión se concentra principalmente en quienes permanecen en Colombia sin haber regularizado su situación y en los extranjeros vinculados a actividades delictivas.
La nueva política representa un giro significativo frente al enfoque migratorio que Colombia había mantenido durante los últimos años. Ahora, el Gobierno apuesta por controles más estrictos y deportaciones, mientras crece el debate sobre hasta dónde puede llegar la autoridad estatal sin convertir la lucha contra la migración irregular en una persecución contra una nacionalidad específica.