Redacción: Maye Rodríguez
En el marco de conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, muchas de las personas afectadas por el conflicto armado, reiteran la necesidad de ser atendidos de verdad por parte del Gobierno nacional, de cumplir con lo pactado, pues aseguran que muchas no han sido indemnizadas y que incluso están siendo expulsadas de los programas sociales.
“Señor Presidente, queremos manifestar que estamos preocupados porque no hemos visto las cifras en dinero, en programas y propuestas que trae el Conpes de la ley 1448 de los próximos 10 años. El tema de participación queremos igualmente que podamos seguir avanzando”, manifestó Orlando Burgos, coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas.
«Nos prometen pero nunca cumplen, las promesas se quedan muertas”, reclamó una de las víctimas.
En Colombia solo se ha reparado de manera material al 12% de las víctimas. Según la Contraloría General, el Gobierno necesita invertir 357 billones de pesos para cumplirles a todas las personas afectadas por el conflicto.
Por su parte, el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas anunció un ajuste la Resolución 1049 de 2019 que fija las prioridades para indemnizar a las víctimas del conflicto.
La norma actual establece prioridades a las víctimas que se encuentren en una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, dentro de los cuales se tiene a las personas con una edad igual o superior a 74 años, a las de una enfermedad huérfana, de tipo ruinoso, catastrófico o de alto costo, o con una discapacidad.
Ahora, teniendo en cuenta los principios de gradualidad, progresividad, y sostenibilidad fiscal previstos en la Ley 1448 de 2011, según el director de la Unidad, luego de un análisis de la información de la Red Nacional de Información respecto de la población víctima mayor adulta “se concluyó que es posible priorizar a personas que tengan edad igual o superior a 68 años, y así avanzar con el cumplimiento de las metas en materia de reparación individual”.
Con el ajuste a dicha resolución se pretende ampliar el número de personas asociadas a este criterio de vulnerabilidad, “permitiéndoles acceder de manera prioritaria a la indemnización administrativa; beneficiando alrededor de 120.000 víctimas y continuar con el proceso de aquellas personas que, teniendo una edad igual o superior a los 74 años, no han recibido aún la medida”, dijo Ramón Rodríguez.
Con corte a 31 de diciembre de 2020 la Unidad para las Víctimas a través de los registros administrados por la Red Nacional de Información y los cruces adelantados con la Registraduría Nacional del Estado Civil, se identificó un universo de personas con edad igual o superior a 74 años al que se le otorgaron 136.966 indemnizaciones.