Ante la Procuraduría General de la Nación, abogado Inocencio Meléndez Julio, solicitó ejercer vigilancia preventiva a la actuación administrativa que adelantan la Gobernación de Sucre, Asamblea y la Secretaría de Salud, en cuanto a la liquidación de las ESE de II nivel Hospital de San Marcos y Hospital Universitario de Sincelejo.
Con esta petición se busca evitar detrimentos patrimoniales al departamento, y afectaciones a los derechos de los trabajadores y usuarios de la salud, ante las actuaciones del Gobierno de Sucre, luego del levantamiento de la intervención de los dos hospitales. Lea: Supersalud levanta intervención de los hospitales de Sincelejo y San Marcos
Dentro de los fundamentos de la solicitud manifiesta que la Gobernación de Sucre suscribió un contrato para que realizar el diagnóstico y estudio de factibilidad del estado de los pasivos de los dos entes hospitalarios.
Con base en ese diagnóstico, pidió facultades a la Asamblea para realizar un empréstito por un valor $90 mil millones con la finalidad de saldar las deudas de la ESE Hospital Regional de San Marcos y la ESE Hospital Universitario de Sincelejo, en cuanto a los conceptos de prestaciones sociales y condenas derivadas de sentencias judiciales, así como para proceder a la liquidación de esas empresas.
El estudio igualmente sirvió de soporte de factibilidad para la creación de una Empresa Social del Estado (ESE), única que prestará los servicios de salud de segundo, tercer y cuarto nivel a los sucreños. Lea: Gobierno de Sucre busca acuerdos con acreedores de hospitales de II nivel
En ese orden, la Asamblea de Sucre expidió la Ordenanza No. 021 del 30 de julio de 2022, mediante la cual autoriza al gobernador del departamento de Sucre para continuar con el proceso de reestructuración (creación y liquidación) de las entidades descentralizadas del sector salud del orden departamental.
Según el abogado Inocencio Meléndez, dicha ordenanza es ilegal, al conferir facultades ilimitadas al gobernador de Sucre para continuar con la reestructuración de las entidades de salud, puesto que le otorga tales atribuciones de manera genérica, sin especificar las que se establecen respecto a la liquidación de cada una de las ESE y a la creación de una ESE única para el departamento.
“Como quiera que el gobernador del departamento de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, se propone efectuar el empréstito por valor $90 mil millones antes del 31 de diciembre de 2022, esto es, antes de la vigencia del año 2023, cuando por disposición legal no podría realizarlo, se requiere que la Procuraduría General de la Nación realice una revisión”, indica el abogado.
Igualmente, el abogado Inocencio Meléndez elevó solicitud similar al contralor General de la República, Carlos Rodríguez Becerra; al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego; a la ministra de Salud, Diana Carolina Corcho Mejía y al superintendente nacional de Salud, Ulahy Beltrán, para que también dentro de sus competencias adelanten la vigilancia preventiva.