Por parte de la Fiscalía, se conoció recientemente la entrega de un informe acerca de los falsos positivos que ha generado indudablemente todo tipo de contrariedad, pues mediante esa entrega, se ha señalado que durante el tiempo donde el General Mario Montoya ejercía su cargo como comandante de las fuerzas militares, las cifras de víctimas fue las más elevadas.
Dicho informe, realizado por la Fiscalía General de la Nación y entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz, señala que en ese tiempo hubo 2.248 víctimas de falsos positivos entre 1998 y 2014. A su vez, se reiteró que esos casos tuvieron lugar en el periodo del General Montoya.
También se indica que, por estos hechos, han sido procesadas 5.626 personas, de las cuales 3.826 eran soldados, 992 suboficiales, 514 oficiales y 133 civiles. Allí también se advierte que esos hechos tuvieron lugar en 27 departamentos, los principales fueron Antioquia, Casanare, Cesar, Meta, Norte de Santander, Huila, Córdoba, Tolima y La Guajira.
Por medio de El Espectador, en horas recientes se dieron a conocer las siguientes cifras; “Fue solo a partir del año 2002 cuando la judicialización del fenómeno presentó un aumento significativo, al pasar de 14 hechos investigados en 2001 a 92 en 2002.
La tendencia ascendente se mantuvo entre 2002 y 2005, año en el que se presentaron 265 casos. En 2006 el número se duplicó al llegar a 470 hechos y los casos dejaron de concentrarse en los departamentos del norte del país y se distribuyeron en otras zonas. El año 2007 marcó el pico más alto con la ocurrencia de aproximadamente 733 hechos”.
Allí mismo dan la explicación fundamentada en tres factores; “el primero relacionado con las políticas y cambios internos en las Fuerzas Militares; el segundo, con la correlación de fuerzas y alianzas entre algunos oficiales y grupos ilegales, y el tercero, la relación entre el Ejército y las comunidades locales”.
El diario explica en el llamado primer factor, las consecuencias del Plan Colombia, que resultaron claves para determinar el crecimiento de la tropa, pasando en el año 1998 de 250.000 hombres a 380.000 para el 2005. “Asimismo, durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe se crearon tres nuevas divisiones: la Sexta, la Séptima y la Octava, nueve brigadas territoriales, 17 brigadas móviles con 54 batallones de contraguerrilla, siete batallones de alta montaña y 14 grupos de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas.
Esto se tradujo en la ofensiva contra las guerrillas en la Seguridad Democrática y una presión por resultados expresados en varias directivas, al tiempo que la cruzada del paramilitarismo hizo replegar a las guerrillas, aumentaron los incentivos para los éxitos operacionales, cuyas disposiciones contenían manuales de operaciones e inteligencia que determinaban que la producción de muertes en combate era un resultado esperado y deseable, que el liderazgo de una unidad militar se demostraba a través de resultados contundentes y que el ejercicio de la iniciativa de combate debía llevar a diezmar el número de integrantes de las organizaciones armadas al margen de la ley”, asegura El Espectador.
Todo lo sucedido determinó la creación de la directiva 029 de 2005 del ministro de Defensa, Camilo Ospina, quien estableció “criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas”. Fuente de consulta, Wradio.