La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años al gobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena (2012 – 2015), por modificar arbitrariamente y sin publicidad las condiciones de experiencia para participar en la adjudicación de un contrato que superó los $3.853 millones de pesos.
El Ministerio Público comprobó que el 20 de marzo de 2013, horas antes del cierre del proceso de selección abreviada SA 005-2013, el gobernador de Sucre expidió la Adenda 01, que modificó la experiencia que debían certificar los proponentes e impuso la exigencia de un contrato en capacitación a población vulnerable, por un valor mínimo de $27.600.000.
De acuerdo con la investigación, la variación de la experiencia específica adicional no contó con motivación, ni garantías de que la misma fuera conocida o controvertida por los interesados en participar en la selección abreviada.
Al proceso sólo se presentó la Fundación Pro-San Juan, representada por María Caridad Pérez Dancur, que obtuvo el contrato por $3.853´395.586,56, para “Prestar servicio para la ejecución de los proyectos de atención integral a la primera infancia para el mejoramiento de su calidad de vida en los municipios de San Marcos, Morroa, San Benito y Ovejas departamento de Sucre y el apoyo alimentario y nutricional a niños y niñas, pertenecientes al programa de hogares comunitarios de bienestar de los municipios de Sincelejo, Corozal, San Marcos, Sucre y Tolú departamento de Sucre”.
Para el Ministerio Público con su conducta Guerra Tulena vulneró el principio de transparencia (numerales 2 y 7 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993), el principio de libre concurrencia desarrollado por la Corte Constitucional y las funciones del gobernador, contempladas en los numerales 1º y 2º del artículo 305 de la Constitución Política.
La falta del disciplinado fue calificada como gravísima (numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734), a título de culpa gravísima por desatención elemental.
En su decisión la Procuraduría rechazó la solicitud de la defensa encaminada a la declaratoria de incapacidad mental definitiva del gobernador, por considerar que cuando se cometieron los hechos Guerra Tulena gozaba de sus condiciones mentales plenas.
El fallo podrá ser apelado para que sea revisado por la Sala Disciplinaria.