El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz un primer informe sobre 1.588 procesos disciplinarios, entre activos y concluidos, relacionados directa o indirectamente con el conflicto armado interno.
Del total de casos presentados, 733 corresponden a investigaciones que se encuentran activas en las procuradurías delegadas, regionales, provinciales y distritales del país al 31 de enero de 2018, y 855 a finalizadas con decisiones de fallo o archivo entre 2006 y el 31 de diciembre de 2017.
De los 733 procesos activos, las conductas más investigadas corresponden a muertes presentadas ilegítimamente como bajas, con 650 casos; atentados o afectaciones a la libertad personal, con 23; daños o sufrimientos físicos o sicológicos, con 21, y conductas por determinar, con 17.
En 692 de esos procesos los investigados pertenecen al Ejército, 14 a la Armada Nacional, 3 a la Policía, uno a la Fuerza Aérea, otro más se desempeñaba como funcionario municipal y en los 22 restantes aún no han sido identificados los responsables.
Durante la entrega del documento a la Sala de Revisión, el jefe del Ministerio Publico advirtió que si Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias ‘el paisa’, no comparece ante la JEP deberá ser excluido de la misma para que responda ante la justicia ordinaria por los delitos que ha cometido.
“No podemos permitir que aquí se incumplan las normas. La fortaleza de una jurisdicción viene de la mano de exigirle a quienes se someten a ella el cumplimiento de la verdad y de la presentación personal, por eso nosotros hemos sido bastante duros en el caso particular de este señor y exigido su comparecencia”, precisó Carrillo Flórez.
El Procurador y su Delegada ante la JEP, Mónica Cifuentes, coincidieron en advertir que la Jurisdicción para la Paz no es una tercera instancia adicional a la justicia ordinaria, porque los procesos ante la JEP exigen verdad, reconocimiento de responsabilidad y sobre hechos relacionados con el conflicto.
“La JEP no puede convertirse en tercera instancia. Los procesos que no se deriven del conflicto armado deben devolverse a la justicia ordinaria”, preciso el jefe del Ministerio Público.
Decisiones
En las 220 investigaciones que culminaron en fallos disciplinarios, 204 de los procesados pertenecían al Ejército, 9 a la Armada Nacional, 5 a la Policía, uno era concejal y otro más pertenecía a una entidad no determinada en el informe.
En total en esos procesos fueron sancionados 290 servidores públicos por graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, de los cuales 286 eran miembros del Ejército y los restantes pertenecían a la Armada Nacional.