Sector de Cartagena se opone a la organización del espacio público

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El  Comité Antidecreto de Cartagena prepara para este martes una movilización en rechazo al Decreto 1659 del 2022 expedido por la Alcaldía Distrital, que reglamenta el uso del espacio público.

“Invitamos a todos los y las cartageneras a que se sumen a la gran jornada de movilización que está programada para este martes a partir de las 7 la mañana. El punto de encuentro será el mercado de Bazurto”, se lee en el documento.

Leonardo Jiménez manifestó que el bloqueo iniciará en Bazurto y posteriormente se marchará hacia los bajos de la Alcaldía de Cartagena.

“Lo que hemos conocido nosotros del decreto es que la esencia de este es la misma. Primero, en el decreto los trabajadores informales siguen condicionados a dos factores. Uno, la confianza legítima, y dos, serían contratos de cuatro a cinco años. Eso es un engaño que les hacen a los trabajadores informales, pues uno de los criterios de la confianza legítima es la continuidad, y si a ti te sujetan a un contrato de cuatro a cinco años y no tienes la garantía de prórroga, pues consideramos que eso es una burla o una traba para que uno pueda obtener la confianza legítima”, expresó Jiménez.

Por su parte Fenalco, seccional Bolívar, indicó que “el Distrito ha adelantado un valioso trabajo de formalización en el aprovechamiento eventual de carácter económico de algunas plazas, espacios residuales y parques del Centro Histórico y otros sitios de la ciudad, aún incipiente en su desarrollo, el cual demandaba de una herramienta de mejor desempeño en tiempos y procedimiento, lo cual permite la nueva Ley de Vivienda”.

Y continúa: “Esto se logra con el proceso iniciado en abril y que ha culminado con la expedición del Decreto 1659 de 2022, del mayor interés del gremio, pues esta formulación normativa tan necesaria beneficiará, como de hecho lo hizo la anterior, el adecuado desarrollo de las actividades económicas formales, con el aliciente de que al tiempo contribuirá con la formalización tan beneficiosa y necesaria para todos los ocupantes del espacio público, incluyendo a quienes están cobijados por confianza legítima”.

 

 

 

 


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