Redacción: La Maye Rodríguez
El vertimiento de aguas residuales desde el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de San Andrés (EPMSC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), ha generado una alerta sanitaria en el sector Schooner Bight de la isla, por lo que se han emprendido acciones legales en busca de una solución al problema.
Por ello, la Procuraduría General de la Nación presentó ante el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés una acción popular que busca la protección de los intereses colectivos al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; la conservación de las especies animales y vegetales.
Además de la protección de las áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente, entre otros.
La Procuraduría advirtió que la cárcel tiene una planta de tratamiento de aguas residuales que no funciona desde el 2004, es decir hace más de 17 años se está vertiendo a los predios vecinos, situación que pone en riesgo la salud de los habitantes y genera un daño ecológico de grandes proporciones.
Pretensiones de la acción judicial
El ente de control recibió denuncias de la comunidad por el deterioro ambiental y la afectación a la salubridad pública que genera el vertimiento de “aguas negras y excretas ante la ausencia de la fosa séptica en la cárcel”, por lo que solicitó al operador judicial declarar la vulneración de los derechos colectivos y ordenar al Inpec y Uspec todas las acciones administrativas, contractuales y presupuestales para la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de última tecnología, acorde a las necesidades reales del centro penitenciario.
Así mismo, hizo énfasis en la necesidad de un plan de recuperación ambiental para toda la zona afectada por los vertimientos, que deberá ser aprobada por Coralina, la cual tendría que hacer seguimiento a su cumplimiento.
“El plan además debe contener actividades de desinfección, recuperación, estabilización de terrenos y debe contar con cronograma de actividades de forestación de la zona circundante; así como la implementación de métodos aprobados por la corporación para la recuperación de las aguas subterráneas afectadas en toda zona de influencia y de afectación de la contaminación por vertimientos de aguas residuales”, indica la Acción Popular presentada.
Finalmente, la Procuraduría solicitó como medida cautelar que se decrete la suspensión de los vertimientos de aguas residuales para los predios aledaños al establecimiento carcelario y de la cría de cerdos, teniendo en cuenta que esta última no es desarrollada cumpliendo las normas sobre el manejo de las aguas, olores y tampoco tiene las locaciones adecuadas.
Advirtió el ente de control que para esta actividad se debería presentar un proyecto productivo con todos los elementos propios de la cría de cerdos, que además sea aprobado por las autoridades.