Atlántico
Durante tres días en la Gobernación del Atlántico se llevó a cabo la capacitación dirigida por el Ministerio de Salud y Protección Social sobre asistencia técnica a los encargados de realizar el registro de localización y caracterización de personas con algún grado de discapacidad (RLCPD), y la expedición de la certificación de discapacidad, documento con el que se pueden obtener beneficios de diversas instituciones.
Esta capacitación hace parte de las herramientas con las que el Gobierno depatamental debe contar para cumplir con el propósito establecido en la Resolución 583 del 26 de febrero de 2018, en la que Minsalud normatizó la implementación de esas actividades por parte las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), IPS privadas y públicas, así como las secretarías departamentales, distritales y municipales de Salud en todo el territorio nacional.
La subsecretaria de Salud Pública del Atlántico, Arilis Ruiz, destacó la nutrida participación de entidades de Salud en esta jornada formativa, así como la presencia del equipo de trabajo de la Secretaría de Salud del Magdalena.
“El propósito es que las Empresas Administradoras de los Planes de Beneficios en Salud y las IPS conozcan cómo elaborar estas certificaciones según la clasificación internacional de la discapacidad. Estamos trabajando para que el departamento del Atlántico sea bandera en este programa”, manifestó Ruiz.
En cuanto a la certificación es importante destacar que permite a las personas con discapacidad acceder, además de los servicios de salud, a una extensa oferta preferencial en iniciativas sociales que van desde programas como Familias en Acción hasta acceso a cupos escolares, reducción en el puntaje del Sisbén y permisos para transitar sin pico y placa en las ciudades donde se aplica esa norma.
La Resolución 583 de 2018 establece que el certificado de discapacidad es un documento personal e intransferible que se entrega después de la valoración clínica multidisciplinaria que identifica la existencia de alguna discapacidad.
En el acto administrativo se estableció un período de transitoriedad que culmina el 1 de febrero de 2019 para que las entidades responsables de la organización y operación del procedimiento de certificación de discapacidad y del RLCPD inicien las actividades correspondientes.
De esta manera, el Gobierno Nacional da cumplimiento a su compromiso como miembro del Organismo Andino de Salud para adoptar la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud.