Redacción: laregional.net
Debido a que con sus fallos al parecer, favorecía a terceros, fue enviado a la cárcel el juez Segundo Promiscuo de La Guajira, Vladimir Ernesto Daza Hernández.
Supuestamente, el togado se atribuyó labores que no le correspondían para favorecer con sus fallos a terceros, y a pesar de que conocía una orden de captura en su contra, continuó desde la clandestinidad ejerciendo su cargo.
Para establecer la posible autoría en delitos contra la Administración Pública del juez segundo promiscuo municipal de Maicao, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación y su equipo de investigadores realizaron la labor investigativa que permitió recopilar las pruebas que lo enviaron a prisión.
El funcionario desde la clandestinidad se presentó de manera virtual a la audiencia ante juez penal de garantías para que le formularan los cargos por abuso de función pública y prevaricato por acción agravado, pero este no aceptó su responsabilidad.
El juez de garantías estableció que Daza Hernández no podría continuar con la actividad delictiva y por eso impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario y por lo tanto dictó una nueva orden de captura en su contra. Sin embargo, este se encuentra prófugo de la justicia.
De igual modo, la decisión del juez determinó separar del cargo a Daza Hernández, por lo que, envió un oficio al Consejo Superior de la Judicatura notificando de su decisión.
Según la Fiscalía, Daza Hernández actuó de manera irregular en casos como el de agosto de 2018 cuando revocó la medida de aseguramiento y otorgó libertad inmediata a un hombre que fue privado de su libertad por otro juez. La decisión aparentemente fue tomada atribuyéndose competencias que no le correspondían y a pesar del concepto en contra expuesto por el fiscal del caso.
En diciembre de 2019 dejó sin efectos las medidas cautelares expedidas por el Tribunal Superior de La Guajira, que impedían la posesión del alcalde electo de Manaure.
Para enero de 2020 el juez promiscuo sustituyó la medida de aseguramiento a cuatro personas, aun cuando el proceso judicial era de San Andrés Islas y la audiencia se realizó sin presencia de la Fiscalía. Daza Hernández sustentó su medida en que los privados de la libertad eran padres cabeza de familia, calidad que no fue justificada.
En contravía a la ley habría asumido competencia para dejar sin efectos el fallo de tutela de un juzgado en Medellín y otro en Bogotá que negaron la libertad condicional para una mujer vinculada con organizaciones criminales. Con su decisión ordenó su libertad.
El último de sus fallos que es investigado ocurrió en febrero de 2020, cuando revocó la medida de aseguramiento intramuros para tres personas judicializadas por porte ilegal de armas en Uribia (La Guajira). Su decisión se materializó dos días después de las audiencias concentradas a pesar de que la defensa apeló dicha decisión y no se contaba con la presencia de la Fiscalía.
De igual modo, en 2018, Daza Hernández fue vinculado a una investigación por otras denuncias de posible corrupción. En ese proceso fue cobijado con medidas restrictivas de movilidad, pero durante dos meses huyó de la justicia para evadir ser capturado. Desde la clandestinidad se presume que continúo ejerciendo su labor de juez desarrollando las funciones propias de su despacho.
En los cinco eventos que son investigados el juez presuntamente actuó contrario a la ley asumiendo competencias que no eran de su cargo y en algunos casos al parecer sustituyó funciones de superiores jerárquicos.
El juez también en mayo de 2020 fue vinculado a una investigación por asesoramiento indebido, al parecer por entregar información privilegiada y reservada de procesos que conocía su despacho.