Tras casi tres décadas de un proceso marcado por retrasos, controversias y decisiones judiciales contradictorias, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez por el asesinato de Luis López Peralta, ocurrido en 1997 en Barrancas, La Guajira.
La decisión cierra un extenso capítulo judicial que había tenido giros inesperados, como la absolución emitida en 2024 por el Tribunal Superior de Bogotá, posteriormente revertida mediante el recurso de casación.
Con este fallo definitivo, el alto tribunal respalda la sentencia inicial y confirma la responsabilidad del exmandatario en el crimen.
Diana López Zuleta, hija de la víctima, recibió la noticia como el final de una lucha que ha marcado su vida. Durante años enfrentó audiencias, denuncias y múltiples riesgos en su búsqueda de justicia, en medio de un entorno que —según ha señalado— estuvo influenciado por el poder político del condenado.
El caso, que permaneció abierto durante 27 años, refleja las dificultades de llevar a término procesos judiciales en contextos de presión y temor.
Aunque la decisión representa un cierre legal, la familia de la víctima mantiene reservas frente a la posibilidad de reconciliación, al considerar que aún faltan verdades por esclarecer.